El día que lo imputaron lloró. Ante el juez, ante la fiscal, ante su defensora. Fue a mediados de junio en el primer piso de Tribunales, en una sala vacía de familiares. Cuando le preguntaron la profesión, dijo ciruja. Y cuando tuvo que dar su domicilio respondió: “En la calle, desde hace diez años”. Ignacio Jesús D. nunca negó haber entrado a la vieja casona abandonada de barrio Parque. “A dormir, porque hacía frío”, le confesó al hombre de saco y corbata que lo miraba desde lo alto de un escritorio mientras le preguntaba si comprendía la acusación: tentativa de hurto de un inodoro.
Ignacio fue preso. El juez Gonzalo López Quintana dio lugar al planteo de la fiscal Andrea Vega que pidió la prisión preventiva del indigente porque como no tenía domicilio fijo ni trabajo existía “peligrosidad procesal”. La semana pasada, la Cámara de Apelaciones lo devolvió a la calle. Su abogada, que sostuvo desde el principio que no había pruebas en su contra, lamentó que se criminalice la pobreza y aseguró que estos casos son cada vez más frecuentes en la Justicia: el problema es social y el Estado está totalmente ausente.
“Ignacio es una persona muy vulnerable. No tiene familia, domicilio, teléfono ni trabajo. Para que le den la libertad tuvimos que fijar su domicilio de la Defensoría Pública y comprometernos con él a que pase todos los lunes a firmar”, contó la defensora oficial María Eugenia Carbone, a El Ciudadano.
“Él asumió que ingresó a la vivienda para dormir, porque hacía mucho frío. Dijo que estaba cerca de una iglesia evangelista donde le daban de comer y lo dejaban bañar y que otros vecinos lo ayudaban como podía, con un café con leche, medialunas o como podían. Lo contó llorando. Estaba súper angustiado”, recordó Carbone sobre la audiencia del 16 de junio pasado que terminó con la prisión de Ignacio.
Ese día, la fiscal de Flagrancia Andrea Vega lo acusó del delito de tentativa de hurto (de un inodoro) calificado por escalamiento y pidió una pena de un año y medio de prisión. Según su versión, Ignacio fue apresado en la entrada de una casa de dos plantas deshabitada en bulevar Oroño 2630 al lado de un inodoro y una sábana, que habría utilizado momentos antes para bajar el sanitario. Como prueba, presentó una foto (donde sólo se observa un inodoro junto a una sábana dentro de un baño, no en el jardín delantero de la vivienda) y el testimonio de un taxista que en la audiencia dijo no recordar si vio o no el sanitario. El chofer tampoco pudo reconocer al acusado porque dijo que, ese día, solo observó a un hombre de “espaldas” retenido por policías.
Nada impidió que Ignacio fuese preso. Ni que se lo acusara de un delito leve, ni que las pruebas fueran endebles, ni su estado de vulnerabilidad.
El juez López Quintana dio lugar al pedido de 30 días de prisión preventiva, pero lo adelantó dos días por la feria judicial y estableció la prórroga automática de la medida cautelar. En su apelación, Carbone planteó que en ese punto se afectó el derecho de la defensa.
Vuelta atrás
El jueves pasado, el camarista Alfredo Ivaldi Artacho revocó el fallo y le devolvió la libertad al acusado. Durante la audiencia, el fiscal Fernando Rodrigo sostuvo la acusación y solicitó que Ignacio continúe detenido con los mismos argumentos que su par, sobre la peligrosidad procesal por falta de casa y trabajo. Carbone le retrucó que “existen otras maneras de garantizar el sometimiento de una persona al proceso penal sin hacer uso de la medida más gravosa, más aún cuando se trata de una persona totalmente vulnerable”.
El magistrado le dio la razón a la defensora y aclaró que se violó el principio de proporcionalidad respecto del delito atribuido, ya que no se dieron los requisitos suficientes para disponer su encarcelamiento. De esa manera, resaltó el gasto que conlleva tener al imputado preso por un hecho leve, ordenó que el joven constituya domicilio en la sede de la Defensoría Regional de Rosario y que se presente una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial. También le dictó una prohibición de acercamiento a la casa de Oroño y 27 de Febrero.
Carbone celebró la decisión de la Cámara pero lamentó que se judicialicen casos sociales que muestran la ausencia total del Estado para dar contención. “Él se colocó en el lugar del hecho. No lo negó, dijo que entró a dormir porque hacía mucho frío. Llorando negó haber querido robar”, dijo la defensora, tras mencionar que cada vez son más los casos en los que se criminaliza la pobreza, muchas veces con acusaciones de usurpación.
