“No trajeron nada”. Así resumió el secretario general del sindicato de Petróleo, Rubén Pérez, la infructuosa audiencia en el Ministerio de Trabajo local a la que asistieron empleados de la fábrica Bravo Energy, el gremio y representantes de la empresa. Según confirmó el veterano gremialista a El Ciudadano, el abogado de la firma se limitó a ofrecer 600 mil pesos para ser repartidos entre los trabajadores, que son 35. “No se harán cargo de las indemnizaciones”, se quejó Pérez. Así, el panorama asoma funesto para el futuro de la planta de residuos químicos que el viernes pasado bajó sin previo aviso las persianas, sin que ninguno de los directivos se hiciera presente para informar a los trabajadores. El caso de Bravo Energy remite a lo que sucedió en febrero pasado en Mefro Wheels –hoy a punto de reactivarse– y en la corondina Agrana Fruit, firmas en las que el cierre abrupto se agravó ante la imposibilidad de comunicación con los verdaderos dueños de la empresa.
Ese viernes 18, el sindicato el Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible Santa Fe Sur presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo, cuyo corolario este martes al mediodía no trajo novedades para los empleados.
El viernes los trabajadores de la planta ubicada en ruta provincial 10 y autopista Rosario-Santa Fe encontraron el portón cerrado con candado. La empresa, presente en Estados Unidos, México, Chile y Argentina, hace rato que acumula deudas fiscales, con proveedores, con el gremio y los trabajadores, a los que adeuda el salario completo de julio y la mitad de junio. La compañía argumenta que, a esta altura, su negocio es inviable en el país. Además, debe 100 mil dólares de gas.
Sobre esta deuda, Pérez sostuvo: “La empresa venía mal de antes, pero el aumento de tarifas en los servicios que impuso el gobierno de Macri fue la fruta del postre” para el cierre.
Bravo Energy se dedicaba al reciclado de aceite usado y su procesamiento para transformarlo en combustible, la destrucción certificada de desechos contaminantes, transporte de sustancias peligrosas y eliminación final de residuos. Entre sus clientes figuran las petroleras Shell y Exxon, la automotriz General Motors, la aerolínea LAN y Wallmart.
“La empresa debe 100 mil dólares de facturas de gas, dos millones de aportes sindicales, tres años de obra social, siete millones y medio al municipio y el salario de julio completo y la mitad del de junio”, enumeró Pérez la semana pasada.
El dirigente explicó que, según la empresa, la ecuación económica del negocio no es viable porque su producción es demandante de un alto consumo de electricidad y gas, y las tarifas de esos servicios se dispararon en el último año y medio. Los problemas, no obstante, comenzaron en 2012.
