La familia de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto durante el desalojo de una protesta de la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia que llevó adelante Gendarmería Nacional, en el noroeste de Chubut, exigió que se «inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta» que permita establecer las circunstancias de la desaparición del joven y se conozcan «las responsabilidades penales, administrativas y políticas».
También, solicitó que «se requiera la colaboración de Mario Coriolano (defensor de Casación) a fin que se conforme un equipo de investigación a cargo de Alejandro Mejías Fonrouge (perito investigador)».
A través de un comunicado difundido anoche en la página web santiagomaldonado.com, sus familiares reclamaron a las autoridades judiciales y políticas «la inmediata aparición con vida de Santiago», y que «se inicie una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta que establezca las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales, y determine las responsabilidades penales, administrativas y políticas».
Por otro lado, demandaron que «se garantice a la familia la participación activa en la investigación y su control», como así también que se den garantías en relación a «la seguridad física y psicológica a los familiares, amigos y a todas las personas que colaboran con la investigación en calidad de testigos».
Los familiares que crearon días atrás la página como herramienta para difundir información oficial, reclaman también a los medios de información «que asuman un rol responsable frente a este hecho que impacta en las bases del Estado de Derecho; requieran la información a las autoridades del Gobierno Federal y Provinciales; sean respetuosos con Santiago y la familia evitando todo tipo de hostigamiento».
La familia de Maldonado, querellante en la causa penal por la desaparición de Santiago Maldonado en el juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, considera que el joven «es víctima de desaparición forzada desde el 1 de agosto» por cuanto «comienza con la privación de la libertad de Santiago por personas del Estado -Gendarmería- seguida de la falta de información de su paradero y la negativa a reconocer su privación de la libertad por parte de las autoridades».
A su vez, remarcan que, según la legislación internacional, «la desaparición forzada es un delito que sólo comete el Estado, es continuado porque todos los días se comete hasta que aparezca Santiago» y advierte que la causa «no puede archivarse hasta que no aparezca».
«Hasta la fecha la única hipótesis sustentada en elementos objetivos es la desaparición forzada», continúa el documento que remarca que por ser un delito de Estado «la carga de la prueba se invierte y debe el Estado corroborar que tal hipótesis es falsa para recién luego avanzar en otras hipótesis».
En esa línea, consideran que, «al despejar todas las dudas sobre la hipótesis mayor, se llegará a cualquiera menor» y remarcaron que, «por el contrario, el paso del tiempo garantiza la impunidad».
Ayer, en medio de distintas versiones que daban cuenta de un llamado anónimo que advirtió sobre la supuesta presencia de un cuerpo flotando en aguas del río Chubut, hecho que luego fue desmentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar en la que instó al Estado argentino a que «adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero» de Santiago Maldonado «con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal».
