El Fiscal Fernando Rodrigo renunció a su cargo. Fue después del escándalo que se generó cuando lo denunciaron por mandar a pinchar de forma subrepticia los teléfonos de su ex pareja y todo el entorno de la joven, también empleada del MPA. Rodrigo tenía licencia, fue suspendido el jueves por la mañana, y por la tarde renunció.
Una denuncia presentada por la intervención de dos teléfonos de su ex pareja, una mujer que también trabaja en el Ministerio Público de la Acusación, determinó que el 8 de agosto comenzara una investigación. Según la presentación efectuada por un empleado de Fiscalía, Rodrigo ordenó intervenir los teléfonos celulares de la mujer en cuatro investigaciones que llevaba adelante en su rol dentro de la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario. Si bien el fiscal pidió licencia, recién este jueves por la mañana, es decir dos semanas después, el fiscal regional Jorge Baclini resolvió suspenderlo. A la tarde renunció
La vivienda de Rodrigo y otros domicilios de familiares fueron allanados tras la denuncia y secuestraron material probatorio. Según relataron los pesquisas, en su computadora estaba el material desgrabado de las escuchas.
Pero el escándalo lejos estaba de terminar. Esta semana, la joven escuchada –que es abogada– y otras dos colegas cuyos teléfonos celulares también fueron intervenidos por orden del fiscal Rodrigo presentaron una denuncia formal y reservaron derechos para demandarlo civilmente tanto a él como al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Las denunciantes son J. G., ex pareja de Rodrigo que trabaja como pasante en la Fiscalía Regional Rosario, y dos amigas suyas. En el escrito se dejó constancia de que también fue intervenido el celular del padre de su ex novia.
El abogado de las víctimas, Carlos Edwards, no descartó constituirse como querellante y encuadraron la conducta del fiscal en los presuntos delitos de interceptación indebida de comunicaciones, abuso de autoridad y falsedad ideológica de instrumento público. Y remarcaron que los pedidos de intervenciones ilegales de Rodrigo indujeron a los jueces a cometer errores.
El derrotero
A última hora del 11 de agosto trascendió el caso: el fiscal Fernando Rodrigo presentó un pedido de licencia ante una denuncia en su contra radicada el lunes pasado. Tras conocerse la denuncia, la auditora general de gestión María Cecilia Vranicich ordenó las primeras actuaciones y dispuso que la fiscal de Cañada de Gómez Natalia Benvenutto, que es de otra circunscripción, tome en sus manos la pesquisa sobre Rodrigo. Así, se efectuó una serie de allanamientos: la casa particular y el estudio profesional de Rodrigo, en los que se incautó material probatorio como computadoras, impresoras, pendrives, DVD y teléfonos celulares. “Es de muchísima gravedad institucional”, dijo una fuente de Fiscalía, la que añadió que de ninguna manera pueden verse afectadas las pesquisas que Rodrigo encabezaba.
En paralelo a la investigación administrativa, se abrió una penal, a cargo de Natalia Benvenutto, fiscal de Cañada de Gómez, elegida para garantizar imparcialidad (aislar la pesquisa de sus colegas cercanos). O no tanto: Benvenutto y Rodrigo son colegas en la comisión directiva de la Asociación de Fiscales: él como presidente y ella como secretaria.
Rodrigo integraba el Ministerio Público de la Acusación desde la puesta en marcha del sistema, el 10 de febrero de 2014. Trabajaba en la Unidad de Investigación y Juicio, aunque antes lo hizo en la oficina de Violencia de Género. En ese rol fue cuestionado en marzo de 2015 por organizaciones de mujeres. Fernanda Serna, víctima en un caso de violencia de género, lo denunció por incumplimiento de deberes y pidió su renuncia. “El fiscal Rodrigo considera que son causas civiles y por eso las desestima”, lo describió tras enumerar las causas que Rodrigo mandó al archivo.
Rodrigo fue impulsor y preside la Asociación de Fiscales, entidad gremial de los funcionarios acusadores. La tercera en jerarquía en esa asociación es precisamente la fiscal Benvenuto que ahora debe investigarlo
En ese rol firmó en febrero último un duro comunicado en ocasión de un episodio que se conoció como bochazo masivo: la casi totalidad de fiscales adjuntos que aspiraban a ser titulares (cuatro sobre 316) reprobaron el examen, incluido el propio Rodrigo. El episodio motivó chispazos entre el Ministerio de la Acusación y el Poder Ejecutivo. Con la firma de Rodrigo el gremio de los fiscales aseguraba repudiar “enfáticamente aquellas manifestaciones públicas que ponen en duda la eficiencia y capacidad de los fiscales adjuntos que rindieron la prueba de Oposición del Concurso de Fiscales de la Provincia”.
En marzo de 2017 fue cuestionado en voz baja hasta por sus propios pares. Denunció al hermano de un hombre al que había imputado luego de que el primero se lo cruzara en un pasillo y lo increpara. Un juez lo mandó 35 días tras las rejas.
La última mención pública del fiscal Rodrigo fue en otro controvertido caso. Un ciruja que ingresó a una vivienda deshabitada buscando protección por el frío fue acusado de intentar hurtar un inodoro por una fiscal, quien pidió la prisión preventiva del imputado porque, al carecer de domicilio fijo, no podía notificarlo y entonces la investigación podía verse perjudicada. El ciruja, que vive en la calle desde hace una década, pasó más de un mes y medio preso hasta que un camarista puso fin al desatino en una audiencia donde Rodrigo se opuso a que fuera liberado con los mismos argumentos que había sostenido su par en primera instancia.
