Más de 150 CDs ocupan las grabaciones telefónicas bajo sospecha de ilegalidad en cuatro causas diferentes. Ese es el material por el cual se investiga penalmente al ex fiscal Fernando Rodrigo. El jefe provincial de los acusadores, Jorge Baclini, explicó ayer la metodología utilizada por el funcionario judicial, que renunció al cargo el jueves, horas después de ser suspendido. Rodrigo aprovechó investigaciones en curso para pedirle a distintos jueces una ampliación de los pedidos de escuchas que ya existían en esos expedientes: así, bajo ardides, incluyó el espionaje de las comunicaciones de una ex pareja, abogada y colega laboral, y de personas del entorno de la mujer. Ahora, quedó bajo pesquisa penal. Además, Baclini dijo que habrá una revisión de los métodos y protocolos de esos recursos judiciales que, como en este caso, pueden ser bastardeados.
“Tras aceptarle la renuncia, pasará a través de la Corte Suprema de Justicia al gobernador (Miguel Lifschitz) para que sea él finalmente quien le de la aceptación o no”, dijo ayer Baclini en una conferencia de prensa en la que se excusó de precisar detalles de la investigación. Explicó que el hecho de que Rodrigo ya no esté en el sistema judicial extingue la causa administrativa abierta en su contra luego de las denuncias, cuyo objetivo es disciplinar y busca determinar si se lo aparta del cargo. Aclaró que, por el contrario, no afecta la pesquisa penal de su accionar, que está a cargo de una fiscal de otra jurisdicción –Cañada de Gómez–: Natalia Benvenutto.
Hay en principio al menos tres delitos posibles: incumplimiento de deberes, abuso de autoridad e intervención ilegal de comunicaciones, refirió el jefe de los acusadores. Agregó que, para esos casos, las penas oscilan entre los tres y los 10 años de prisión en expectativa y distintos grados de inhabilitación para volver a ocupar cargos en la Justicia.
Rodrigo contrabandeó los pedidos de espionaje telefónico a su ex novia –identificada como J.R.– en varias causas que tramitaba. Baclini explicó que los fiscales hacen la solicitud al juez por escrito con precisión del número de teléfono a intervenir, de su titular y de las razones para esa medida. Generalmente, siguió Baclini, el magistrado pide una ampliación verbal de los argumentos para decidir en cada caso. Si le da curso a la escucha, “libra un oficio a la autoridad encargada de la escucha”.
“Hay varios jueces que firmaron las intervenciones” de comunicaciones sobre la ex pareja de Rodrigo, el padre de la mujer y dos amigas de la misma, también abogadas. No hay sospecha sobre los magistrados, aclaró Baclini: “No serán investigados porque en principio se supone que fueron engañados por el fiscal”.
La vivienda de Rodrigo y otros domicilios de familiares fueron allanados tras la denuncia de un empleado de la Fiscalía. Los investigadores informaron que en la casa secuestraron una computadora en la que estaba el material desgrabado de las escuchas, entre otras pruebas.
“Se tomaron medidas para garantizar la evidencia, pedidos cautelares, allanamientos, declaraciones testimoniales, pedidos de informes a las compañías telefónicas”, insistió ayer Baclini.
Un tema a revisar
Que un fiscal pueda utilizar sus potestades para fines personales es un problema. Rodrigo se aprovechó de su posición en el Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional Rosario para hurgar en las comunicaciones telefónicas de su ex novia. Si el sistema no es seguro, no es difícil imaginar varias otras situaciones en las que se podría utilizar el mismo atajo.
Baclini adelantó que habrá consultas para revisar la seguridad de esos procedimientos y, si se detectan vulnerabilidades, corregirlas. “Las escuchas tienen que responder a una metodología prolija, con pasos y procedimientos. La metodología que hay fue coordinada por la Oficina de Gestión Judicial y los jueces. Pero hay situaciones que son impredecibles. Ya hubo contacto con los magistrados para ver si se puede perfeccionar”, señaló el fiscal regional.
Acorralado por una investigación, renunció el fiscal Fernando Rodrigo
