La audiencia de revisión de prisión preventiva de un joven que protagonizó una picada, provocó un tremendo choque y la muerte de Andrés Muñoz se demoró una hora y media. El imputado, en arresto domiciliario, no llegaba. La Policía informó que no tenía móvil para trasladarlo. La defensa aseguraba que el muchacho estaba listo para venir y sus padres se ofrecieron a llevarlo al tribunal. El juez ya había dado el visto bueno para resolver la demora de la manera menos ortodoxa cuando el móvil policial se materializó en la casa del muchacho. Tras la larga espera, comenzó la audiencia. La fiscalía y la querella arremetieron con nueva evidencia para torcer el beneficio del arresto domiciliario. Dijeron que el test de alcoholemia dio 0,82 cuando la mínima es 0,50 y el fiscal aseguró que un llamado telefónico del perito mecánico le aseguró que Ariel L. circulaba a 130 kilómetros por hora. Finalmente el juez dijo que estos elementos robustecieron la teoría fiscal y sostienen la medida cautelar. Aunque el cumplimiento a rajatabla de la domiciliaria jugó a favor del imputado. El juez renovó la prisión preventiva por otros 60 días aunque incluyó el uso de una tobillera para reforzar la medida.
Ariel L. se sentó junto a sus defensores Malena Corvalán y Bruno Guastella. Prefirió no hacer declaraciones y escuchó cómo el fiscal Walter Jurado pedía la renovación de la medida cautelar. El funcionario insistió con una prisión efectiva mientras continúa la investigación. Dijo que espera dos evidencias importantes: el informe de autopsia definitivo y la conclusión de la pericia mecánica que se realizó el jueves pasado. Aseguró que telefónicamente el perito le informó que los autos circulaban a 130 kilómetros por hora. El fiscal planteó que el test de alcoholemia no llega a un gramo –punto que la norma señala como base para agravar el delito– pero pidió que el juez lo pondere al momento de evaluar la medida cautelar. Cerró su pedido con el reclamo de una prisión efectiva. En su defecto, planteó la utilización de una tobillera electrónica.
La querella, representada por Malena Copello y Bárbara Reynoso, adhirió al planteo fiscal y agregó que algunas cámaras captaron a los dos autos. El Laguna conducido por Ariel L. y el Vectra al mando de Lisandro A. venían corriendo picadas desde 27 de Febrero y San Martín por lo que recorrieron 9 cuadras a alta velocidad, dijeron. En cuanto a la velocidad que llevaban los autos, su perito de parte les adelantó que iban a más de 100 kilómetros por hora, afirmaron.
Agregaron que, a los fines del arraigo, no alcanza con que Ariel L. tenga domicilio fijo, no tiene hijos, ni pareja, ni trabajo estable. Tampoco posee bienes inmuebles registrados a su nombre y no se comprobó que estudiara en la universidad, detallaron. A lo que sumaron que el arresto domiciliario se aplica por cuestiones humanitarias y este no es el caso.
A su turno la defensa circunscribió la discusión a la medida cautelar, dijo que la audiencia se celebraba a esos fines y no para evaluar evidencia. Los defensores afirmaron que Ariel L. cumplió la detención domiciliaria sin inconvenientes. Fueron un poco más allá y pidieron la libertad al entender que la prueba está cautelada. Además se apoyaron en la postura de la querella, la que sostiene una responsabilidad mayor del otro conductor que participó en la picada. Entendieron que esa situación a la vez podría aliviar la situación procesal de su cliente. En este punto la querella fue medida en su réplica y prefirió no profundizar en ello.
Por su parte el fiscal dijo que es apresurado un cambio de carátula: espera la pericia accidentológica y la autopsia definitiva para saber con certeza cómo fue la mecánica y cuál fue la causa del fallecimiento. Jurado presupone que la muerte de la víctima fue instantánea y agregó que en el homicidio culposo no hay coautores.
Otro dato que no pasó desapercibido fue la inminente acusación fiscal. Jurado dijo que está en condiciones de presentar la acusación en breve y pedirá el máximo de la escala penal para el delito, es decir 6 años de prisión.
Finalmente el juez Carlos Leiva aclaró que no le atañe, en esta audiencia, expedirse sobre la cuestión autoral u otro involucrado en el caso. Afirmó que la aparente responsabilidad de Ariel L. robustece la teoría fiscal con las nuevas evidencias. Entonces el punto principal gira en la existencia de riesgo procesal, dijo. Entendió que debe mantenerse la prisión preventiva, pero valoró que ni la Fiscalía ni la querella señalaron algún elemento que modifique la medida cautelar. Con estos argumentos mantuvo la prisión preventiva por otros 60 días, aunque tomó el argumento fiscal y ordenó la utilización de una tobillera electrónica.
