El gobierno oficializó hoy el aumento salarial del 21% para choferes de micros, pero el conflicto no terminó ya que el 90% de las empresas dicen que no pueden pagar el incremento y podrían efectuar unos 5.000 despidos antes de fin de año.
La paritaria había sido firmada a principios de junio por el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) y Asociación Argentina De Empresarios Del Transporte Automotor (AAETA) por la parte empresarial.
Como AAETA representa sólo al 10% de los choferes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, resolvió de hecho extender el acuerdo a la Cámara Empresaria De Autotransporte Interurbano Bajo Jurisdicción Nacional (Celadi) y a la Asociación Civil Argentina del Transporte Automotor De Pasajeros (Catap).
Esas dos cámaras, que representan a nueve de cada diez choferes de colectivos de larga distancia, sostienen que la situación financieras de las empresas es «alarmante» y tendrían que despedir a unos 5.000 trabajadores antes de fin de año.
Fuentes del sector dijeron a NA que las empresas representadas por la Celadi y la Catap no están en condiciones de afrontar la paritaria, por lo que «no van a pagar y va a recrudecer el problema sobre el que vienen advirtiendo al gobierno desde 2016».
Las empresas reclaman un auxilio financiero al Estado para poder financiar los costos operativos sin despedir trabajadores y para poder pagar la paritaria, pero desde el ministerio de Transporte no hubo respuestas. .
Triaca, a su vez, homologó la paritaria a través de la Resolución 595 publicada este lunes con su firma en el Boletín Oficial, por lo que obligó a las empresas a pagar el incremento salarial.
La mejora salarial se instrumentará en tres tramos (agosto, octubre y enero) hasta alcanzar un salario básico de 24.200 pesos, lo que implica un incremento del 21% respecto del salario básico conformado del mes de marzo de 2017.
Además, el acuerdo determina el otorgamiento de una suma no remunerativa de 9.900 pesos que será abonada en seis cuotas mensuales y consecutivas de 1.650 pesos a partir de agosto, que las empresas dicen no poder pagar.
La pauta salarial pactada incluye, además, la denominada «cláusula gatillo», que implica una revisión en la medida que el aumento sea superado por la variación del Índice de Precios al Consumidor, publicado por el Indec, tomando como mes base marzo de 2017.
Las revisiones se llevarán a cabo en noviembre próximo y en febrero 2018.
Triaca reconoce en la Resolución que decidió «intervenir» cerrando la paritaria al señalar que las negociaciones en audiencias fueron «infructuosas» y responsabiliza a las empresas que «no hicieron una propuesta».
El ministro señaló que desde el vencimiento de la anterior pauta salarial en abril y desde el inicio de la negociación, las partes no han logrado arribar a acuerdo alguno», por lo que debió apelar a una Conciliación Obligatoria y un período de Conciliación Voluntaria.
«En miras a restablecer el orden y la paz social en el ámbito de las relaciones laborales del sector», el Ministerio de Trabajo dispuso «dar por concluida la negociación en trámite, permitiendo de tal modo, el normal desenvolvimiento de la actividad comprendida» en la paritaria.
