El juez federal Carlos Vera Barros desestimó el pedido de los abogados defensores de varios imputados de estafa y fraude inmobiliario por 100 millones de pesos. Pretendían que pase al fuero federal porque entendían que también había lavado activos, un delito que no alcanza a los Tribunales Provinciales. El juez rechazó hacerse cargo de la llamada megaestafa que involucra a 19 personas, entre ellos, escribanos y empresarios de la ciudad.
De vuelta a la provincia
Hace 15 días dos de los imputados presentaron una inhibitoria ante el Juzgado Federal N°3 de Rosario. Fue a través de los abogados defensores Oscar Romera y Jorge Ilharrescondo, que representan a un contador, y Froilán Ravena, que defiende a un empresario. Intervino el fiscal Mario Gambacorta y la semana pasada Vera Barros desestimó que sea de competencia federal.
La causa nació en la Unidad de Delitos Complejos y Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El fiscal Sebastián Narvaja investiga cómo un grupo de profesionales y empresarios se apoderó fraudulentamente de propiedades a las víctimas. Tiene 11 imputados. La Fiscalía pidió condenas de entre 14 y 3 años de prisión, multas e inhabilitaciones. En junio el fiscal Sebastián Narvaja imputó a otras siete personas para quienes había pedido la detención. Dos de los acusados fueron arrestados el día anterior a la audiencia, en el marco de nueve allanamientos donde el fiscal secuestró una importante cantidad de documentación y de equipos. Narvaja los imputó a todos por lavado de activos. En algunos casos en figura agravada. También por haber falsificado documentos públicos. La figura de lavado de dinero llevó al planteo en el fuero federal porque es un delito que toma la Justicia nacional.
Uno de los imputados es pariente de otros que ya están imputados en los otros casos, y también tiene vinculación con causas que están en el sistema residual del Tribunal. Otras tres personas son familiares de uno de los detenidos y también se imputó al hijo de uno de los acusados que tiene prisión preventiva. Narvaja explicó: “Las causas del sistema conclusional son causas de fraudes inmobiliarios, estafas, combinado con usurpaciones violentas de determinados inmuebles”.
Uno de los imputados estaba vinculado a una de las causas que fue elevada a juicio. Los otros seis fueron por un hecho que no llegó a instancia judicial.
Narvaja estimó que la “banda” se hizo de unos 100 millones de pesos por el movimiento de propiedades, entre casas y campos. Hubo embargos a los imputados por más de 200 millones de pesos.
