La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) resolvió que las empresas no tienen derecho a controlar de forma ilimitada los mensajes privados de sus empleados. Se trata de un fallo crucial para determinar los límites de la privacidad en el lugar del trabajo.
La decisión de la Gran Cámara, la instancia suprema de la CEDH, sentará jurisprudencia para los 47 miembros del Consejo de Europa.
Algunos de ellos tendrán que modificar su legislación para evitar recursos ante la corte europea.
«Las reglas dentro de una empresa no pueden anular el ejercicio de la vida privada social en el lugar de trabajo», estimó el tribunal.
Esta decisión era muy esperada «ya que hoy todos vivimos conectados» y la separación entre la vida privada y la profesional es cada vez más delgada, señalaron fuentes de la institución.
La Corte había sido solicitada por un ingeniero rumano de 38 años, Bogdan Mihai Barbulescu, que fue despedido el 13 de julio de 2007 por haber escrito correos personales desde la mensajería profesional de su empresa, violando el reglamento interno de la compañía.
Para demostrar que cometió una falta, su jefe le presentó una copia de las comunicaciones electrónicas que había mantenido con su hermano y su novia entre el 5 y el 12 de julio de 2007.
El demandante estimaba que su jefe espió sus comunicaciones, violando así su derecho al respeto de su vida privada y de su correspondencia, protegidos por el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
La justicia rumana se había pronunciado a favor de la empresa, considerando que tuvo un comportamiento razonable y que leer las comunicaciones del empleado era la única manera para establecer que hubo una infracción disciplinaria.
La CEDH había confirmado esta decisión en enero de 2016. Pero Barbulescu solicitó que se reexamine su caso, lo que el tribunal aceptó.
Fantasma de Gran Hermano
Los jueces de la Gran Cámara no se pusieron de acuerdo. Pero por 11 votos a favor y 6 en contra, la corte estimó que la empresa violó el derecho al respeto de la vida privada de Barbulescu.
El tribunal argumentó su decisión apuntando que la empresa no notificó a Barbulescu «sobre el tipo de control realizado» ni sobre «su magnitud». Tampoco le avisaron que su jefe podía leer el contenido de sus mensajes.
La decisión tomada el martes «no significa que los empleadores no puedan bajo ciertas condiciones monitorear las comunicaciones de sus empleados o que no pueden despedirlos por usar internet para propósitos personales», describió la CEDH.
Pero este monitoreo debe responder a un equilibrio justo entre el respeto de la vida privada del empleado y el derecho de la empresa de tomar medidas para asegurar el buen funcionamiento de la compañía.
Esta decisión responde además a los pedidos de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y del gobierno francés que exigían un marco más claro sobre el control del uso de internet en las empresas.
«Sin reglas, el monitoreo de internet en el lugar de trabajo corre el riesgo de convertir a algunos jefes en un Gran Hermano», había advertido la CES.
Barbulescu ganó el martes la batalla después de 10 años de lucha. Pero no recibirá ninguna compensación financiera. «La constatación de una violación constituye una satisfacción justa suficiente», consideraron los magistrados.
