El mito despertó furor. En lo que va del año se registraron más de 170 denuncias por amenazas de bomba en diferentes escuelas. En 2016 fueron sólo 12. Agosto marcó un pico de alarmas con 59 hechos. Y en 5 días septiembre registró otras 40. Muchas llegan directo a la central 911 y otras a los establecimientos educativos. Todas resultaron ser falsas. La modalidad era moneda corriente entre los estudiantes que se apoyaban en una broma de mal gusto para zafar de un examen. Pero el incremento registrado este año y especialmente el último mes levantó sospechas y dio inicio a una investigación judicial para conocer quiénes hacen las llamadas y por qué. ¿Se trata de una nueva moda o hay una intención política detrás de las denuncias? Fuentes de la investigación no descartan ninguna hipótesis y aseguraron que ya identificaron cinco números telefónicos. “Puede ser una broma o puede estar vinculado a cuestiones políticas. Es muy llamativo que se produzca esta cantidad de denuncias en medio de una campaña”, dijo a El Ciudadano el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la investigación.
Si bien hoy se esperan novedades en el caso, el fiscal no descartó que las falsas alarmas puedan tener algún vínculo con el ataque de trolls (militantes que hacen campaña sucia a través de internet) que la ministra de Educación provincial, Claudia Balagué, sufrió en las redes sociales la semana pasada. “Hay especialistas en este tipo de situaciones. El ataque a la ministra es de suma gravedad. Y abre una línea de investigación para esta causa”, agregó Ponce Asahad.
Cada vez que hay una llamada por una amenaza de bomba se da aviso a Fiscalía, el protocolo de seguridad se activa y evacuan las escuelas. El operativo demanda más de 60 efectivos, cortes de tránsito, desvíos en las líneas de colectivos y parate en las ventas de los comercios de la zona. Además de la pérdida de clases. Todo eso sucede en cerca de dos horas y en algunos casos hasta dos veces al día.
Fuentes de la investigación dijeron que varias de las líneas identificadas tienen el prefijo 011, correspondiente a Buenos Aires. Según explicaron puede tratarse de números locales de cabinas telefónicas que tengan la característica o simplemente de chips prepagos con ese prefijo. También investigan si se trata de una aplicación usada para que no se detecten los teléfonos. “No sería una actividad relacionada con adolescentes locos sino con un plan orquestado. Si lo sumamos a la acción de los trolls a través de las redes sociales no descartaría que haya un intento de desestabilización”, dijo una fuente vinculada al caso.
Desde el Ministerio de Seguridad advirtieron que uno de los números que llamó al 911 pertenece a una alumna de la escuela Verbo Encarnado que alertó sobre una bomba en el establecimiento. Sobre el caso, interviene la Fiscalía de Flagrancia en turno y el Juzgado de Menores.
Más llamadas
Ayer hubo 10 nuevas alertas. Uno de los lugares elegidos fue la escuela Almafuerte (Salta 2338), donde había una reunión de docentes de Amsafé. La delegada local, Daniela Vergara, habló en Radio 2 y dijo que hay que investigar a fondo. “Es una situación que se repite todo el tiempo. Hay que buscar una medida que resuelva esto porque ponen en jaque a la escuelas”, expresó.
El lunes se dieron otras 14 llamadas, y el viernes 13 más. Cerca de mil chicos debieron ser evacuados en el Colegio del Huerto, la Vigil, Técnica 5, Normal 2 y Urquiza durante esas jornadas.
El secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, se mostró preocupado por la situación y no descartó la hipótesis del fiscal acerca de una intencionalidad política en las alarmas.
“Son de un intensidad inédita. Siempre estuvieron asociadas a actos irresponsables de los adolescentes, pero dada la sistematicidad el fiscal no debería descartar el móvil político o desestabilizador”, dijo a El Ciudadano.
Terés mencionó el desgaste que las incesantes denuncias traen en la comunidad educativa y remarcó el riesgo que implica que los chicos estén en la calle o en una plaza mientras son evacuados. “Tememos que las denuncias se naturalicen y que no estemos preparados cuando haya riesgo real”, concluyó.
Gastos de protocolo
Pese a las dudas que generan los llamados, el protocolo debe aplicarse con rigurosidad. Los alumnos se evacúan con la máxima tranquilidad posible. Una vez que el establecimiento queda vacío, personal de la Brigada de Explosivos ingresa para revisar las instalaciones. Defensa Civil interviene con sus móviles y, en algunos casos, hasta con una autobomba. Personal de Tránsito corta las calles y se suman agentes de la Guardia Urbana Municipal, comisarías de la zona y el Comando Radioeléctrico.
Fuentes del Ministerio de Seguridad anunciaron que van a evaluar los costos y a exigir –cuando se corrobore quiénes fueron los autores- a los falsos denunciantes que se hagan cargo de la inversión en los operativos. Por cada llamada el Estado destina 60 efectivos entre personal de Bomberos, Brigada de Explosivos y personal policial. Además alerta a la guardia de EPE y de Litoral Gas. El gasto incluye el combustible para el traslado de todo el personal por las dos horas que dura la puesta en marcha del protocolo donde no sólo se pierde la actividad escolar, sino que altera el tránsito de vehículos mientras funciona el operativo.
Los otros afectados son los comercios cercanos a las escuelas. En Corrientes y Santa Fe se dio uno de los casos donde la calle debió cortarse dos veces al día, lo que implicó para los comerciantes la pérdida casi total de una jornada de ventas.
El fuerte acoso a la ministra
El miércoles pasado una cuenta de Twitter (@NunKMasKK) pedía ayuda para denunciar a Balagué, quien supuestamente llamaba –algo que la funcionaria nunca solicitó- a “tomar asistencia x Maldonado en las aulas”. El mensaje fue retuiteado por más de tres mil cuentas. Algunos periodistas políticos de Buenos Aires se sumaron a la tendencia generando críticas a la gestión provincial. El gobernador Miguel Lifschitz denunció un ataque coordinado de trolls contra la ministra Balagué. Dijo que todo tuvo su origen en una única fuente con alrededor de 20 cuentas localizadas en distintas ciudades, ninguna de la provincia de Santa Fe.
