Un día después de que el fiscal Gustavo Ponce Asahad confirmara las sospechas de que detrás de muchas de las denuncias de bombas en escuelas hay una operación política desestabilizadora, este miércoles la saga continuó con 12 nuevos casos: el colegio La Salle –Mendoza al 400–, la Técnica 5 –Corrientes al 600–, el colegio Los Ángeles –Tucumán al 1600–, el Normal 1 –Mendoza al 1300– y la escuela San José –España entre Jujuy y Salta– fueron los primeros hechos conocidos en la jornada.
Las amenazas causan caos vial en el centro de la ciudad, donde se encuentran casi todas las instituciones objeto de los avisos, dado que el protocolo de acción en estos casos incluye el corte de la calle para el trabajo del personal de Bomberos y la Policía, y el montaje de un cordón de exclusión de personas hasta que se confirme o desestime el peligro.
Los casos similares en lo que va del año suman más de 170. Más allá de las históricas bromas o picardías estudiantiles, el número llamó la atención de la Justicia, como también el hecho de que varias de las líneas telefónicas desde donde se hicieron los llamados no sean de la ciudad: tienen la característica de Buenos Aires (prefijo 011). Otro dato singular que despierta sospechas es que todos los colegios amenazados están radicados en el centro de la ciudad, en los que los operativos de rigor tras los avisos generan más inconvenientes.
“Puede ser una broma o puede estar vinculado a cuestiones políticas. Es muy llamativo que se produzca esta cantidad de denuncias en medio de una campaña”, dijo este martes a El Ciudadano el fiscal Gustavo Ponce Asahad, a cargo de la investigación de la saga de amenazas.
«Investigación compleja»
Este miércoles, el funcionario judicial ofreció una conferencia de prensa en la que ratificó que varias de las llamadas con las amenazas partieron desde líneas telefónicas con prefijo 011. No obstante, explicó que esto puede deberse a que hayan partido de cabinas telefónicas públicas situadas en Rosario o chips telefónicos comprados con esos números.
«No descartamos ninguna (hipótesis). Lo que quiero resaltar es que estamos ante un delito de gravedad. Quienes resulten identificados afrontarán el debido proceso penal y si son menores ello ocurrirá ante el Juzgado de Menores», insistió el fiscal. Agregó sobre el punto: «Las penas por intimidación pública van de dos a seis años de prisión y son excarcelables».
Ponce Asahad explicó que se investigan «todas y cada una de las llamadas y si (quienes las hicieron) resultan identificados deberán afrontar el proceso penal». El funcionario justificó la demora en dar con los responsables en que se trata de una «investigación compleja». Lo explicó: «Estamos siguiendo un protocolo común con parte del Estado provincial y el municipal. Y todos se pusieron a disposición del Ministerio Público. Acá vamos a ir en el mismo sentido que en la ciudad de Santa Fe. Esto atravesó la matriz del efecto espejo, sucede por contagio».
Amenazas de bomba: no descartan un intento de desestabilización
