Una treintena de fiscales, defensores y funcionarios judiciales quiere que la Legislatura inicie un juicio político contra el procurador general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre, a quien acusan –entre otros hechos– de hostigamiento, malos tratos y tráfico de influencias.
El planteo ya había sido elevado ante la Corte, que se declaró incompetente porque no tiene “potestad disciplinaria” sobre el procurador, según explicó el titular del tribunal Daniel Erbetta.
Ante la negativa de la Corte, los funcionarios judiciales llevaron el tema a la Legislatura con apoyo del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la provincia.
A Barraguirre lo acusan de “mal desempeño funcional; comportamientos arbitrarios e irracionales; actuación fuera de los límites que le impone su jerarquía judicial; intromisión en causas de trascendencia que corresponden a la esfera de actuación de los fiscales de primera instancia”.
También le imputan a Barraguirre la “implementación de lineamientos de trabajo incoherentes, cambiantes y arbitrarios, tanto en el ámbito de las Fiscalías como de la Defensa Pública; disposiciones inconsultas que llevaron a un colapso y demora en la conclusión de las causas, afectando el sistema conclusional”.
Además, lo acusan de “abuso de poder; tráfico de influencias; falta de idoneidad y ecuanimidad”, como así también de generar
“un clima laboral de hostigamiento, mal trato y acoso laboral para con los funcionarios subordinados a él”.
Por último, al procurador de la Corte le atribuyen “disposición de traslados arbitrarios de fiscales sin contar con la conformidad de éstos y en casos no previstos en la ley” y del “insólito retraso en las causas jurisdiccionales y expedientes de gobierno de la Corte Suprema, en las que el procurador general debe intervenir y dictaminar”.
Barraguirre asumió como procurador de la Corte en diciembre de 2012. Desde esa función, está a cargo del sistema conclusional de causas del viejo sistema penal y por los supuestos “malos tratos” al personal a su cargo el 31 de marzo de este año un grupo de fiscales y defensores lo denunciaron ante la Corte Suprema de la provincia.
