La figura del arrepentido fue lo más jugoso de la maratónica audiencia en Tribunales de la capital provincial en la que se debatió la prisión preventiva de cinco civiles y tres policías, entre ellos el ex jefe provincial Rafael Grau. Es que a una semana de ser detenidos por conformar una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de reparaciones truchas de patrulleros, anteayer pidieron hablar y lo hicieron durante diez horas, hasta la madrugada. Facundo Testi, señalado como la cabeza de la organización, detalló cómo facturaban servicios que no prestaban y la forma en que se repartían los dividendos: el 70 % por ciento se lo daba a los uniformados y el 30% restante lo repartía entre los suyos. Dijo además que los servicios que le brindó durante años a la fuerza policial incluyeron trabajos en la Unidad Regional II de Rosario. Aunque no mencionó maniobras fraudulentas, el fiscal no descartó investigar.
La audiencia comenzó a las cuatro de la tarde de anteayer y terminó ayer pasadas las dos de la madrugada. Tras el debate, el juez Sergio Carrazo le dictó prisión domiciliaria para Testi, de 40 años y quien declaró bajo la figura del arrepentido, y para dos ex jefes policiales: Grau, quien ya gozaba de ese beneficio por dar cuenta de una enfermedad oncológica, y el ex jefe del Departamento de Logística (D4) José Leiva, de 50 años. A los tres les impuso una caución de medio millón de pesos y pidió que se les incorpore una pulsera electrónica.
A Noelia y Artemio Biscari, dos hermanos de 39 y 41 años que son cuñados de Testi y trabajaban como proveedores de repuestos y autopartes, les pidieron 200 mil pesos de caución y les dictaron medidas alternativas a la prisión. La misma suerte corrió sobre los mecánicos Andrés Soto, de 39 y Rodrigo Ruiz, de 28.
Quien quedó detenido con prisión preventiva fue Ariel Villanueva, el policía que estaba en servicio, en calidad de “habilitado”, hasta la semana pasada cuando fue detenido. En su casa secuestraron 900.000 pesos, 60.000 dólares y cientos de euros, según informó el fiscal Roberto Apullán, quien pidió que permanezca detenido en un penal provincial hasta que llegue el juicio.
Fue Testi quien lo comprometió aún más durante su testimonio. Desde su defensa dijeron que, en la declaración, Testi mencionó que hacía siete años que prestaba servicios para la Policía provincial (incluidas las Unidades Regionales I y II de Rosario –donde tiene un taller– y Santa Fe) y que en un momento el policía Villanueva (quien firmaba los cheques) le ofreció facturar más trabajos de los que realizaba y él aceptó. También mencionó que el uniformado le recibía el 70 % del dinero obtenido en las maniobras fraudulentas.
No obstante, el fiscal Apullán dijo en rueda de prensa que Testi, sindicado jefe de la asociación ilícita, dijo haber sido ideólogo de la maniobra fraudulenta que presentó como un negocio delictivo a la Policía. “Dio detalles sobre los roles de cada una de las personas y hasta habló del porcentaje de coima que le correspondía a uno de los funcionarios policiales”, contó Apullán: “El 70% era lo que le daba al funcionario infiel”.
Las defensas de los acusados se escudaron en que, durante un año de investigación, la Fiscalía sólo pudo probar 16 maniobras fraudulentas por un total de 96 mil pesos. Pero Apullán insiste en que robar es robar, y asegura que detrás de la evidencia recolectada hay más, y sólo resta buscar. Ambas partes se mostraron favorables a cerrar el caso con acuerdos abreviados para evitar el juicio.
Custodia del gobernador
Entre los autos que dijeron haber reparado, estaba designado un móvil para la custodia del gobernador que “era ajeno a la competencia del D4, de la Habilitación, de la Jefatura de la Policía y yo diría que hasta del Ministerio de Seguridad”, contó el fiscal Roberto Apullán. También relató que figuraba como reparado un colectivo que además de ser muy antiguo estaba en desuso, abandonado y estacionado fuera de la propia Jefatura de la Unidad Regional I. Ayer, tanto el fiscal como algunos defensores se mostraron favorables a un acuerdo abreviado, por lo que es posible que la causa no llegue a juicio.
