El Senado tratará el próximo miércoles –en una sesión especial– la prórroga de la ley que suspende los desalojos de tierras ocupadas por pueblos originarios. El proyecto a debatir lleva letra de Cambiemos, y sus detalles se mantienen en hermetismo.
La Cámara alta convocó a una sesión especial para el 27 de septiembre a las 14. La agenda incluye varios otros proyectos, como el que penaliza a las empresas por delitos de corrupción.
La prórroga a la ley 26.160 sobre emergencia de la propiedad comunitaria indígena fue sancionada en 2006. Declara la suspensión de los desalojos de las tierras ocupadas por comunidades anotadas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas hasta que se realice un relevamiento catastral de los terrenos.
El problema es que esas disposiciones vencen el 23 de noviembre próximo. El contexto no es el más calmo: ocurre en medio de la conmoción por el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, que puso en debate la situación de los mapuches en Chubut.
Senadores y diputados de la oposición intentaron en las últimas semanas aprobar la prórroga de esa norma. En ambas cámaras, los bloques de Cambiemos impidieron la discusión. Tenían una carta guardada: un nuevo proyecto está siendo redactado en la oficina del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.
Desde el Ejecutivo nacional parece que tienen todo listo, y el jueves último cursaron el permiso a los legisladores oficialistas para que, ahora, acepten tratar el tema. Ese mismo día, ya con texto propio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que la Casa Rosada «acompañará» la prórroga y que en el tema trabaja desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai). Esto último, respecto al relevamiento de comunidades y territorios.
El proyecto del oficialismo sigue en reserva, pero algo trascendió: la intención es prorrogar los efectos de la ley por un plazo de dos años, la mitad de lo que dispusieron las prórrogas anteriores y que ahora impulsa la oposición.
Cambiemos, siempre según los trascendidos, pretende concluir rápido el demorado relevamiento de tierras arrancó en 2006 y apenas alcanzó a estudiar el 30% de los territorios en juego. El oficialismo argumentará que la celeridad que le impone al relevamiento justifica dictar una prórroga de los desalojos menor a la que pretende la oposición.
La ley 26.160 suspendió los desalojoos por cuatro años en 2006. Las demoras en el relevamiento obligaron a dos prórrogas, ambas de cuatro años: en 2009 se estiró el plazo hasta 2013, y ese año se hizo lo mismo hasta el 23 de noviembre de 2017.
La senadora camporista del PJ-FPV Anabel Fernández Sagasti tiene presentado un proyecto que también prorroga la ley por cuatro años, hasta noviembre de 2021, al igual que la iniciativa de los justicialistas pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera.
El proyecto del oficialismo hará que el debate se concentre en los plazos. Cambiemos buscará apoyo en sectores opositores para que salga su texto.
El Movimiento Evita y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) tienen previsto marchar ese miércoles a las 11 al Congreso para reclamar la prórroga de la ley por el plazo de cuatro años.
