El año pasado 130 mujeres fueron internadas en Rosario por un aborto incompleto. Como ninguna tuvo complicaciones, clínicamente no hubo diferencias que determinaran si habían pasado por un aborto espontáneo o clandestino. Junto con otras 420 que accedieran a la práctica legal completan el total de interrupciones de embarazo que transitaron por la salud pública de la ciudad. Desde 2012 no murió ninguna mujer. Diez años atrás casi todas llegaban por una práctica hecha en la ilegalidad y tenían un 80 por ciento de posibilidades de no sobrevivir. “Antes sabíamos que un aborto era clandestino porque el médico amenazaba a la mujer con denunciarla si no confesaba. Hoy cambió. No es necesario que digan por lo que pasaron, porque lo importante es asistirlas”, explicó el director municipal de Salud Sexual, Daniel Teppaz.
El cambio llegó con los protocolos de atención de interrupción legal del embarazo y es uno de los logros de la Campaña nacional Por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La iniciativa del movimiento de mujeres nació hace 17 años en Rosario y esta semana cumplió un nuevo aniversario. Como desde 2005, hoy el colectivo marchará al Congreso Nacional para volver a reclamar el tratamiento parlamentario del proyecto de ley de despenalización del aborto.
Por la ley
La Campaña Por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito nació en Rosario en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) de 2003. Fue la primera vez que el evento incluyó entre sus talleres uno de estrategias hacia la legalización.
En el debate las asistentes decidieron que era hora de lanzar una movida en todo el país para presentar en el Congreso un proyecto de ley. Las consignas de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” llegaron desde Córdoba y completaron la bandera. “Fue un debate muy potente porque hasta ese encuentro los grupos antiderechos venían impidiendo que se haga el taller de estrategias”, contó a El Ciudadano la diputada provincial e integrante de la campaña Silvia Ausburger.
Después del ENM las organizaciones de mujeres que formaron la Campaña juntaron 50 mil firmas en todo el país. El 25 de septiembre de 2015 marcharon hasta el Congreso nacional y entregaron la caja con las adhesiones. Un año después presentaron en mesa de entradas el primer proyecto de ley, que no fue tomado por ningún legislador.
En 2007 Ausburger había sido la primera diputada que ingresó a la Cámara de Diputados la iniciativa. Desde ese momento fue presentada seis veces, pero nunca llegó al recinto. Pide la despenalización del aborto en todas las causales hasta la semana 14.
“Aunque no hayamos lograr despenalizar el aborto en Argentina, la Campaña consiguió la despenalización social. Hoy hay una conciencia muy fuerte a favor de modificar la ley. A eso se suman las redes de mujeres que en cada provincia ayudan a garantizar los abortos legales”, explicó Ausburger.
Un ejemplo son las organizaciones como Socorristas en Red. Ayudan e informan a mujeres sobre el uso del misoprostol, la droga recomendada por la Organización Mundial de la Salud para un aborto seguro. De la mano de la Campaña también surgió la Red de Profesionales Por el Derecho a Decidir. Reúne a médicos y enfermeros de todo el país con el fin de garantizar las interrupciones permitidas por la ley.
En Argentina el aborto está penado desde 1921 salvo en dos excepciones. Cuando hubo una violación y cuando está en riesgo la salud de la mujer. Las interrupciones legales de embarazo (ILE) se hacen en base a protocolos de atención elaborados a nivel nacional. El primero es de 2007 y el último de 2015. Santa Fe adhirió a los dos.
Sin mortalidad
La última vez que una mujer murió por aborto en un hospital municipal de Rosario fue en 2012. El dato responde a una baja en los riesgos que corren las mujeres a la hora de interrumpir un embarazo que empezó hace diez años con la implementación de los protocolos.
El año pasado de 550 interrupciones, solo en 169 casos internación. Una década atrás, las 650 mujeres atendidas tuvieron que ser internadas. La mayoría venía de prácticas clandestinas y tenían un 80 por ciento de posibilidades de morir.
En 2016, alrededor de 130 mujeres que llegaron con un aborto incompleto. Ninguna de ellas pasó por complicaciones de gravedad por lo que clínicamente no pudo determinarse si venían de una práctica clandestina cosa que tampoco se pregunta.
Para Teppaz el dato no es menor. Responde a un proceso de “despenalización institucional” iniciado hace diez años de la mano de la Campaña por el Aborto Legal. “Antes sabíamos que un aborto era clandestino porque el médico amenazaba a la mujer con denunciarla si no confesaba”. Hoy cambió. No es necesario que digan por lo que pasaron porque lo importante es asistirlas”, explicó el director de Salud Sexual.
Al debate social que trajo la iniciativa se sumó el crecimiento del uso de anticonceptivos y la incorporación del misoprostol en la salud pública. En 2012 la Municipalidad empezó a comprar la droga (que también se vende en farmacias bajo doble receta) y las internaciones bajaron un 50 por ciento.
