Un hombre de 56 años, identificado como Adolfo G., fue detenido ayer en el marco de la investigación por amenazas de bomba a distintas instituciones –casi todas escuelas públicas–, entre ellas la sede rosarina de la Gobernación provincial (el pasado 14 de septiembre), ubicada en calle Santa Fe al 1900. El apresado este miércoles es el primero con antecedentes penales en la causa judicial que busca responsables por la zaga de llamados.
El allanamiento se llevó a cabo en el domicilio del detenido, en avenida Pellegrini al 6700, con una orden de captura requerida por el fiscal de la Unidad de Cibercrimen Gustavo Ponce Asahad.
En el lugar se secuestró material de interés para la causa: equipos de telefonía móvil que incluyen la línea alternativa desde donde se realizó una amenaza, chips de celulares y un arma calibre 22, según fuentes de Fiscalía y del Ministerio de Seguridad. La gran cantidad de teléfonos móviles que se incautó es uno elementos que llevó a los investigadores a no descartar que el involucrado participara de otros episodios de amenazas.
Desde Fiscalía explicaron que llegaron hasta la vivienda de Adolfo G. tras rastrearlo través de las antenas del servicio de telefonía celular y complejos trabajos de inteligencia.
En los próximos días –si no hay cambios sería este viernes por la mañana– se realizará la audiencia donde se imputará al detenido por intimidación pública y tenencia de arma de fuego.
Según la información que aportó la Fiscalía, el involucrado tiene dos causas en trámite en el nuevo sistema por amenazas y usurpación. También registra antecedentes de una condena de tres años de prisión condicional por delitos contra la propiedad. “De todos los detenidos e imputados hasta ahora por las amenazas de bomba a instituciones, éste es el primero con antecedentes penales”, señaló la fuente.
Desde Fiscalía insistieron ayer en diálogo con El Ciudadano que la gran cantidad de amenazas que se dieron en el último tiempo nunca se interpretó como simples bromas. “Jamás descartamos que estos episodios tengan que ver con cuestiones políticas. Y seguimos pensando lo mismo”, señalaron.
Las fuentes también mencionaron que a partir del teléfono celular “oficial” del cual es abonado el detenido pudieron constatarse llamados referidos a su oficio, que –todo indica– sería el de gasista. También se investiga si el hombre tiene o tuvo algún vínculo laboral con el gobierno de Santa Fe.
Este hecho se agrega a los ocurridos en el mes de septiembre, donde un grupo de personas fueron identificadas por la Policía de Investigación (PDI) y acusadas de realizar los falsos llamados a escuelas de la ciudad.
Larga lista
Con la de ayer ya suman nueve las personas involucradas en el marco de las continuas amenazas de bomba en escuelas de Rosario, las cuales crecieron en forma exponencial en el último tiempo.
En lo que va de este año fueron más de 300 y el fenómeno llegó a su punto máximo en agosto, mes en que se registraron más de 100 casos, muchos de ellos alertados a la Central 911 y otros a los mismos establecimientos educativos. Todos resultaron ser falsos.
Los primeros allanamientos se hicieron a comienzos de septiembre. Dos madres y un padre quedaron detenidos y fueron imputados por intimidación pública. Sus hijos tenían menos de 15 años y reconocieron ser los autores de los llamados.
