“Michel era mi único hijo. Cuando lo mataron a él, me mataron a mí”, dice Marisabel con voz afónica y corrige enseguida: “En verdad no lo mataron, lo fusilaron”.
El crimen ocurrió los primeros días de 2014 en Granadero Baigorria. Dos policías, padre e hijo, fueron imputados por homicidio calificado mientras que el nombre de Michel Campero engrosó la lista de casos denunciados como gatillo fácil.
Hace dos meses, la causa fue elevada a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que deberá resolver el reclamo planteado por la Fiscalía y la Querella: “¿Por qué los jueces no hicieron una valoración racional de las pruebas y no aplicaron las reglas de la sana crítica?”. Con la misma consigna, este jueves se realizó una conferencia de prensa frente a los tribunales provinciales donde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un Amicus Curiae a los fines de colaborar con la resolución de la Queja ante la Corte. De la movida participó la Multisectorial Contra la Violencia Institucional que acompañó a Marisabel, querellante por la muerte de su hijo con un abogado del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ).
“Estoy tan cansada de pedir Justicia y no llegar a nada. No se puede creer la protección que tuvieron los Dal Lago en el tribunal provincial. Tuve que esperar 16 meses las pericias balísticas para saber cuál de los dos mató a mi hijo. Y si no me encadenaba en los tribunales no me lo decían”, dijo Marisabel a El Ciudadano.
“Dijeron que fue un enfrentamiento pero le encontraron una pistola de juguete. Lo podrían haber detenido con el tiro en la pierna, pero me lo mataron cuando estaba tirado en el suelo. Eso no es una legítima defensa, necesito una respuesta”, denunció.
La saga empezó con el menor de los policías, Omar Jesús Dal Lago, cuando llegó en moto a su casa de Baigorria junto a su esposa y sin uniforme porque estaba de franco. Según declaró, dos pibes lo asaltaron desde otra moto y se llevaron su rodado. Su papá Omar Guillermo, que por entonces era el jefe de la Brigada de Orden Urbano de Rosario y también estaba de franco, dijo que vio el robo y salió a buscar a los ladrones en su auto particular, junto a su hijo, sin dar aviso al 911. Y agregó que disparó al aire “para intimidar”. Mientras que uno de los motociclistas logró huir, a Campero un balazo lo hizo perder el control de la moto y chocó contra un colectivo. Los policías dijeron que después de caer, Michel se reincorporó y los apuntó, y así explicaron el disparo final. Pero tanto la Querella como la Fiscalía niegan que haya pruebas de un enfrentamiento y aseguran que las pericias médicas y balísticas confirman que sólo hubo balas policiales, y que los jueces decidieron desoírlas.
A esos planteos se sumó la abogada de la APDH Julia Giordano, quien remarcó que para llegar a la sentencia (donde el hijo fue sobreseído y el padre procesado por exceso en la legítima defensa) los jueces no incluyeron las declaraciones de los testigos ni la del perito médico que explicó que con la herida de bala que recibió cuando conducía la moto el joven no pudo andar más de 200 o 300 metros. En ese trayecto ya estaba solo y en su poder le encontraron un arma de plástico, “por lo que no pudo disparar ni agredir”.
Giordano lamentó que cuando los acusados son policías no se apliquen las reglas de la sana crítica: “En estos hechos, el poder Judicial es la última etapa en la pretensión de Justicia y en la búsqueda de la verdad. Si judicialmente nos cierran un hecho de violencia institucional, lo que vamos a construir como verdad para la sociedad es una naturalización de la represión ilegal”.
En un comunicado conjunto, las agrupaciones que reclaman a la Corte que revierta las sentencias explican: “Se llega hoy a la presentación de un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, en tanto es la segunda vez que los policías que mataron a Michel son sobreseídos”.
Y continúa: “El primer sobreseimiento se dictó a menos de un año de los hechos y a una semana de la constitución como querellante de madre de Michel, no posibilitando ningún tipo de intervención y tomando como única línea de investigación los dichos de los policías imputados, como suele suceder en los casos de violencia institucional”.
Agregan un listado de bases falsas sobre las que se fundaron las decisiones:
1) Que Michel era un delincuente
2) Atribución de un arma que nunca hubo
3) Falta de valoración racional de la prueba aportada, producida y ofrecida.
