En el marco de una renovada ofensiva del presidente Mauricio Macri contra la jefa de los fiscales federales, el juez Julián Ercolini procesó a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien le atribuyen la compra irregular del edificio de la sede central del organismo, donde el magistrado investiga el supuesto pago de coimas.
La procuradora fue considerada coautora del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública» y el juez ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.
Al ser indagada por Ercolini a fines de octubre pasado, Gils Carbó había cargado la responsabilidad sobre un funcionario a su cargo por la compra del inmueble, el edificio porteño de Juan Domingo Perón 667, donde tiene su cede la Procuración, y el cual se pagó 43.850.000 millones de pesos en 2013.
La empresa Arfinsa –del Grupo Bemberg– le pagó una comisión de 7.700.000 a Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios por asesoramiento y esta firma a su vez pagó 3 millones a Juan Carlos Thill, un productor de seguros y quien es medio hermano de Guillermo Bellingi, este último subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
Según la acusación, la licitación estaba previamente planificada y direccionada hacia la compra de ese edificio y, en ese sentido, los investigadores evalúan una serie de contactos entre los encausados que estaban interesados en el inmueble.
En su descargo por escrito, al que le sumó las preguntas que hizo el juez Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, Gils Carbó aseguró que ella no cobró comisión alguna y que Bellingi «defraudó» su confianza.
La procuradora negó haberse beneficiado con la operación inmobiliaria y en el pago y el reparto de una comisión millonaria que cobró Juan Carlos Thill, que era un subdirector experto en contrataciones que colaboró con la licitación que terminó en la adquisición del inmueble en Perón 667 por 43.850.000 pesos. Gils Carbó aseguró que desconocía ese parentesco, que lo que existió fue “un negocio oculto”, que no perjudicó al erario público, pero que de todos modos apenas se enteró suspendió a Bellingi en sus funciones, según publicó Página|12.
En julio, ya Gils Carbó había advertido que la Casa Rosada aspira a “apropiarse de la procuración”. “Esto no es algo personal, esto no es un castigo contra una persona. Se mostró que la intención es la concentración del poder. Se busca desconocer la división de poderes, concentrar el poder, lo que va a afectar la República y el Estado de Derecho”, había dicho al conocerse el llamado a indagatoria en la causa en manos del juez Ercolini.
la obsesión de macri
En los últimos meses Macri no dejó pasar ninguna actividad pública para pronunciarse sobre la procuradora. En julio, le pidió a Gils Carbó que “se dé cuenta” y renuncie. La jefa de los fiscales le respondió entonces que Cambiemos busca desplazarla para “concentrar el poder”.
“No confío en ella como procuradora, no sólo porque interrumpe las investigaciones de corrupción del gobierno anterior e inventa las actuales, sino porque no combate en serio el delito, que es lo que le preocupa a la gente”, había dicho Macri.
“Espero que en algún momento la señora procuradora se dé cuenta o si no que el Congreso saque el informe de la (comisión) bicameral (permanente de seguimiento y control del Ministerio Público) y avancemos en un proceso para tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias”, amenazó Macri.
