La “Cuestión Malvinas”, entendida como la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido (RU) por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, estuvo presente en la política exterior argentina desde la ocupación ilegal del RU en 1833. En 1965 la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 2065/XX, la cual reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a las partes a solucionar esta controversia a través de conversaciones que tengan en cuenta los intereses de los habitantes de las islas y no sus deseos, dado que es una población implantada.
La aventura militar de 1982 significó un enorme retroceso diplomático y el diálogo que existía con el RU se interrumpió. Tras el retorno a la democracia, la reivindicación de la soberanía se convirtió en un reclamo ineludible de los sucesivos gobiernos y fue incorporado en la Constitución Nacional. Los británicos, por su parte, consideraron su victoria militar, razón suficiente para dar por terminado el diferendo y retroceder la situación a antes de 1965. A partir de entonces, la política británica fue negarse a retomar las negociaciones y ponderar el principio de libre determinación de los isleños.
Frente al unilateralismo de RU, el multilateralismo fue la principal herramienta de la diplomacia kirchnerista, la cual permitió instalar nuevamente el tema internacionalmente y mostrar el accionar colonialista, ilegitimo y unilateral británico.
De este modo se fortaleció el apoyo de organizaciones de países del Sur (Mercosur, Unasur, Celac, OEA, ASA, Aspa) entre los cuales se encuentra el G77+China.
Este es el grupo más grande en la ONU (134 países en desarrollo) y tiene como objetivo mejorar las capacidades de negociación de sus miembros.
Durante sus cumbres, la Cuestión Malvinas fue ganando espacio. En la cumbre de mandatarios de 2005 se reafirmó la necesidad de que se reanuden las negociaciones entre las partes. Posteriormente, en la reunión de ministros de relaciones exteriores de 2011, se abogó por la necesidad de que ambas partes se abstengan de tomar decisiones que implicarían introducir modificaciones unilaterales en la situación.
Pero el punto máximo fue en 2014, cuando en la declaración ministerial se reconoció que la disputa de soberanía perjudica económicamente a Argentina; que las actividades no autorizadas de exploración y explotación de recursos naturales, especialmente de hidrocarburos, son seriamente perjudiciales a los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental; y que el país tiene el derecho a adoptar acciones legales ante dichas actividades no autorizadas.
Estos puntos fueron replicados en las declaraciones ministeriales de 2015 y 2016. No obstante, en la última declaración ministerial de 2017, se observa un aparente retroceso.
El texto firmado el mes pasado indica que se “mantengan” (hold) las negociaciones, en vez de indicar la “reanudación” (resume), como en las declaraciones previas.
Además, llama a ambas partes a abstenerse de tomar decisiones que puedan afectar el crecimiento económico y el desarrollo sustentable y de llevar a cabo acciones unilaterales en el área en disputa.
Es decir, dejaron de ser objeto de la declaración la situación perjudicial para Argentina y sus derechos ante actos violatorios por parte del Reino Unido, vinculados a la explotación de recursos naturales principalmente, en tanto se agregó la importancia del “crecimiento económico y el desarrollo sustentable” de las islas.
En este contexto entran en juego los recursos naturales. La legislación vigente penaliza a las empresas (pesqueras o petroleras) que actúen en territorio argentino sin permiso, incluyendo a las islas Malvinas y aguas del Atlántico Sur. Londres pide eliminar estos “obstáculos” y el gobierno macrista parece conceder.
La lectura de esta aparente disminución del apoyo a los reclamos argentinos no debería conducir tanto a un cambio de postura del G77+China, como a la política exterior del gobierno nacional.
En efecto, el texto acordado por la delegación argentina que encabezó el canciller Jorge Faurie, se encuentra en línea con la denominada “hoja de ruta”, firmada en septiembre de 2016 por los vicecancilleres Foradori y Duncan.
Dicho documento –que el gobierno de Mauricio Macri niega que sea un acuerdo internacional y que por tanto no envió al Congreso– avanzó sobre posibilidades de cooperación con el RU sin abordar la disputa soberana.
Fue en este marco que el diputado Alejando Grandinetti (Frente Renovador) interpeló al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante la presentación de su informe de gestión, este mes, ante la Cámara de Diputados y que junto a otros legisladores, entre ellos Guillermo Carmona (FpV-PJ), denunció al gobierno nacional por no defender los intereses argentinos y el reclamo de soberanía en función de lo acontecido con la declaración ministerial del G77+China.
Los gobiernos kirchneristas pusieron el tema Malvinas al tope de la agenda, desplegando una fuerte defensa de la soberanía, lo cual llevó a endurecer las relaciones con el RU. La llegada al poder de Macri abrió muchos interrogantes en torno a cómo sería tratada la Cuestión Malvinas, pero las respuestas no tardaron en llegar. Hechos como la omisión de las islas en publicaciones oficiales o su incorporación con la denominación en idioma inglés fueron la antesala del acuerdo Foradori-Duncan y de lo sucedido durante la última cumbre del G77+China.
Sin embargo, hasta aquí, lo distinto, lejos de ser novedoso, se parece (y mucho), a lo desplegado en los noventa por el gobierno de Carlos Menem.
Al igual que aquel, la diplomacia de Cambiemos utiliza la fórmula del paraguas de la soberanía para congelar la disputa de soberanía por Malvinas y avanzar en temas económicos y comerciales con Londres. Como en los 90, la búsqueda de inversiones extranjeras parece ser tema prioritario para el nuevo gobierno, al punto de poner nuevamente la soberanía de las islas en un paréntesis lleno de signos de interrogación.
(*) Grupo de Estudios sobre Malvinas. Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.
Espacio de colaboración entre El Ciudadano y la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales para promover la reflexión y opinión de los asuntos globales.
