El Tribunal Oral Federal de Resistencia rechazó la suspensión de juicio a prueba solicitada por la hija del abogado Carlos Salvatore, condenado a 21 años de prisión por el contrabando de una tonelada de cocaína a Europa en la operación Carbón Blanco. La joven está acusada en una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico en la que también está procesado su padre.
La decisión del tribunal chaqueño recayó sobre Carla Yanina Salvatore D’Ursi, de 34 años, quien había ofrecido reparar los daños causados a través del aporte de una mensualidad de mil pesos a una entidad y por un plazo designado por la Justicia. Como el contrabando en cuestión era de mil kilos de cocaína, su reparación podría contabilizarse a razón de un peso por kilo.
Según informó la página web oficial www.fiscales.gov.ar, en su dictamen, el fiscal general Federico Carniel se había opuesto a la suspensión del juicio a prueba para la hija de Salvatore “por tratarse de una causa compleja en la que se verifica prima facie un modus operandi compatible al del crimen organizado transnacional y con multiplicidad de imputados”.
Por su parte, la defensa de Salvatore D’Ursi había expresado que su situación patrimonial actual le impedía aproximarse a la suma requerida por la Fiscalía y la querella, de entre doce y sesenta millones de pesos.
Sin embargo, el juez Juan Manuel Iglesias, del tribunal interviniente, remarcó que el ofrecimiento de la imputada, que en abril de 2015 fue embargada por seis millones de pesos, “no condice racionalmente con la magnitud o volumen dinerario que se ha tomado como referencia para cubrir ese aspecto: el supuesto daño que pudo haber causado con el delito imputado.”
En su fallo, el magistrado también consideró razonable avanzar “con agilidad y dentro de los recursos que tiene el tribunal” hacia la etapa de juicio oral.
Esta causa fue elevada a juicio en junio pasado por la jueza federal de Resistencia, Nilda Niremperger, y además de Salvatore, de 60 años, y su hija, tiene como imputados a la esposa del abogado, Silvia Vallés Paradiso; su suegro Santiago Vallés Ferrer, y su socio Ricardo Gassan Saba.
De acuerdo con la acusación, Salvatore “generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado local el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante”.
Esta investigación se inició en 2014, mientras todavía se encontraba en etapa de instrucción el expediente por narcotráfico Carbón Blanco, a partir de una denuncia penal efectuada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en el Juzgado Federal de Roque Sáenz Peña, Chaco.
Esta denuncia se “sustentaba en una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF) que daba cuenta de movimientos injustificados a través de un conjunto de sociedades comerciales que tenían como denominador común la participación de Carlos Alberto Salvatore, ya sea de manera directa o a través de personas de su extrema confianza”.
Para los acusadores, “la sociedad Lugin SRL fue una de las firmas más utilizadas para ejecutar las maniobras de lavado” y se constituyó en abril de 2000 por Vallés Paradiso y Vallés Ferrer “con un capital social de 3.000 pesos” para “dedicarse a actividades inmobiliarias, financieras y servicios”.
En su declaración jurada de ganancias presentada ante la Afip, esta firma reconoció ventas en 2011 por 264.134 pesos aunque ese mismo año “adquirió una gran cantidad de vehículos de lujo, entre ellos un Porsche Cayenne por la suma de 515.000 pesos”.
Mientras que, en otros casos, “Salvatore y alguna de las personas de su círculo íntimo ingresaban formalmente a sociedades constituidas varios años antes y, una vez al mando del directorio, aumentaban sideralmente el capital social”.
Siempre en base al informe de los fiscales, esa maniobra sucedió con la firma Saint Maxime SA, a la que Salvatore y su esposa ingresaron en marzo de 2004 y un año después el capital social pasó de 12 pesos a 36.000 y en 2006 se elevó a 1.700.000 pesos.
Otra de la operaciones investigadas fue la utilización de una organización sin fines de lucro llamada Fundación Salvatore para el Estudio e Investigación de Enfermedades, Tratamientos y Recuperación de Pacientes; y CS Entertainment SRL, cuyo objeto social preveía la producción, edición y distribución de imagen y sonido digital, entre otras cuestiones.
En el cine
Luego, esta empresa se asoció a la firma Manos Digitales Animation Studio SA –presidida por el letrado– para coproducir, mediante la inyección de 700 mil dólares, el largometraje infantil Plumíferos, aventuras voladoras, con la participación de los reconocidos actores Luisiana Lopilato y Mariano Martínez, quienes les dieron voz a los personajes animados.
En base a todos estos elementos, Salvatore será juzgado como autor de los delitos de “asociación ilícita agravado por su rol de organizador en concurso real con el delito de lavado de activos, agravado por su habitualidad y miembro de una asociación formada para la comisión continuada de conductas de esta naturaleza”.
Mientras que Gassan Saba, Vallés Paradiso y Vallés Ferrer serán juzgados como coautores de “lavado de activos de origen delictivo agravado por haberse realizado como miembro de una asociación o banda formada para su comisión”. En tanto, Salvatore D’Ursi será sometida a juicio como coautora de “lavado de activos de origen delictivo”.
