Los ingenieros civiles y los que estudian para serlo están preocupados: una resolución del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) propone recortarles en un 73 por ciento sus incumbencias profesionales. Si el Ministerio de Educación Nacional homologa esas recomendaciones, verían acotado su desempeño laboral. La Universidad Nacional de Rosario, y la mayoría de sus pares públicas, también estará en problemas en ese caso. El concepto que subyace a los cambios propuestos –explican los afectados– es el de una fuerte especialización de las ingenierías que beneficia a unas pocas casas de estudio privadas que hoy dictan ese tipo de carreras. Docentes, egresados y estudiantes preparan un petitorio para exigir que se dé marcha atrás con las reformas y se vuelva a discutir con la opinión de todos los actores involucrados.
Para entender el tema: varias ingenierías se cuentan entre las llamadas actividades profesionales reservadas. La ley de Educación Superior estipula en su artículo 43 que sólo pueden ejercerlas egresados de algunas carreras dado que potencialmente implican riesgos para “el interés público” porque afectan “de modo directo la salud, la seguridad y los bienes de los habitantes”. Como contrapartida, la norma impone una serie de requisitos a los planes de estudios involucrados. El entramado se completa con la definición de qué pueden o no hacer los graduados en cada uno de esos títulos académicos. La reciente revisión unilateral de este último tema es la que desató el conflicto.
Qué se regula, y qué se le recorta a la ingeniería civil
La competencia de las ingenierías alcanzadas por la regulación de actividades reservadas puede dividirse en tres grandes grupos, para simplificar: estructuras, sistemas hidráulicos y vías de comunicación (viales, ferroviarias, aeroportuarias, etc). Los recortes de incumbencias alcanzan a los dos últimos, explica Eugenia Chiarito, docente de la facultad de Ciencias Exactas de la UNR. La rama más comprometida es la Civil, aclara, pero también amenaza a la Industrial y la Hidráulica (en la que es referente la Universidad Nacional del Litoral).
Chiarito admite que no conoce las razones de la revisión propuesta unilateralmente por los rectores, porque los ingenieros civiles no participaron de su confección ni como docentes, ni mediante los colegios profesionales que los nuclean. Tampoco se consultó a los decanos de las facultades ni a los estudiantes. Los que no fueron escuchados impulsan en conjunto la difusión del conflicto y la firma de un petitorio en rechazo al proyecto del CIN.
En Rosario, las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas están al tanto del conflicto, y este jueves lo iban a plantear en una reunión con sus pares de todo el país.
Dejan lo básico
Lucía Abalone, alumna de la UNR y delegada ante la Asociación nacional de estudiantes de Ingeniería Civil, enumera algunas de las competencias que se le retiran a los egresados de su carrera: instalaciones hidromecánicas, los estudios de factibilidad en casi todas las actividades, el urbanismo, la previsión sísmica, la geodesia, lo relacionado con todos los sistemas de transporte y los recursos hídricos, entre varios campos más. “Dejan las competencias más básicas”, lamenta.
El fantasma privatizador
La estudiante insiste: “El CIN recorta competencias a la ingeniería civil y agrega varias ramas de ingenierías relativamente nuevas que se llevan estas actividades. Tiende a una especialización de la ingeniería con la que Argentina no cuenta. Salvo en casos aislados y en el ámbito privado”.
La propuesta del CIN que rechazan los profesionales fue aprobada por la comisión de Asuntos Académicos
del Consejo de Universidades, que integran el CIN (rectores del sector público) y su contraparte privada Crup. Será tratada en un plenario la primera semana de noviembre, y temen que se apruebe. Si el Ministerio de Educación la homologa, el recorte quedará firme. Por eso, se movilizan para volver a fojas cero la recomendación y plantear un debate abierto a todas las partes.
