El gobernador Miguel Lifschitz aseguró esta mañana que le pedirá al fiscal general Jorge Baclini y al presidente y ministros de la Corte Suprema “una explicación” sobre la filtración de escuchas telefónicas en las que aparece el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. “Es un tema muy grave que debe ser rápidamente esclarecido”, dijo el gobernador, y agregó que el tema, en el que no descarta “intencionalidad política”, lo tiene “muy preocupado y molesto”.
En el marco del respaldo político a su ministro, dijo estar preocupado por las actuaciones de algunos fiscales. Y remarcó: “No se puede violar la intimidad de las personas de manera arbitraria, y menos si hubiera alguna mano política, una intencionalidad, y eso no lo descartamos porque nos llama mucho la atención la celeridad en los momentos previos a las elecciones en que se realizaron”.
Lifschitz pidió avanzar en las razones que llevaron a solicitar “la intervención, de manera irregular” de la línea telefónica “de un ministro del gobierno sin razones que lo fundamenten y sin conocimiento del juez, que ha reconocido no saber a quién estaban interviniendo la línea”.
“Vamos a agotar todas las instancias para que esta situación se investigue hasta las últimas consecuencias, y se determinen las responsabilidades que correspondan”, agregó.
“No quiero generalizar, pero hubo accionares de algunos fiscales que preocupan. Hace unos meses el fiscal Fernando Rodrigo en Rosario utilizó el mismo recurso de intervención de líneas telefónicas y escuchas, para escuchar a una ex pareja y familiares de manera totalmente irregular e ilegal”, agregó.
“El derecho a la privacidad se debe garantizar a todas las personas, y eso no se puede violar salvo en condiciones muy especiales que indica la ley, que no se han reunido en esta circunstancias”, finalizó.
Las intervenciones de la Justicia a la línea telefónica del ministro fueron solicitadas por la fiscal María Laura Martí y aprobadas por el juez penal de Santa Fe Nicolás Falkenberg, en el marco de la investigación sobre supuestas irregularidades en las horas extras del servicio policial.
