Maximiliano Barreto / Especial para el Ciudadano
Durante la pasada década del 90, la opinión pública se incorporó a los debates sobre la seguridad internacional y, con rapidez, se apoderó de la idea de que en el mundo existían un sinnúmero de “nuevas amenazas” a las cuales era necesario prestar atención. Los países ya no se enfrentaban únicamente a provocaciones militares de otros Estados, sino que los desafíos podían venir desde diferentes frentes, abarcando una extensa variedad de problemas de las más diversas naturalezas. La lista de estas amenazas era amplísima: terrorismo, crimen organizado transnacional, narcotráfico, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, pobreza extrema, desastres naturales, riesgos a la salud como las pandemias, deterioro del medio ambiente por incidentes con materiales peligrosos como el petróleo, los materiales radioactivos; la trata de personas e, inclusive, recientemente se añadieron otros flagelos como son los ataques cibernéticos.
En nuestro país, dicho debate también se hizo presente y estuvo atravesado por un condimento extra: la discusión sobre el papel de las Fuerzas Armadas como instrumento para enfrentar muchas de aquellas problemáticas. En el presente, asistimos nuevamente a la aparición de discusiones en torno a estos temas, pero como vemos, no es nada novedoso. Incluso, las posiciones al respecto son básicamente las mismas que existían a finales de los 90. Claro está que, de todo el elenco de amenazas, tan solo un par de ellas resultan conflictivas para la sociedad argentina.
Veamos porqué. Desde el retorno a la democracia en 1983, la mayoría política decidió sacar de la legislación nacional toda norma que pudiera justificar el despliegue de las Fuerzas Armadas en el ámbito interno del país. Es así que, a partir de 1988 con la sanción de la ley de Defensa Nacional, una seguidilla de leyes se encargó de consolidar progresivamente tal idea.
Este objetivo, que inicialmente pareció tener un carácter simplemente geográfico (alejar a las Fuerzas Armadas de un ámbito espacial específico), con el paso de los años fue complejizándose, y el ciclo se cerró en el año 2006 cuando a la restricción geográfica se sumaron dos requisitos más a través del decreto presidencial N° 727.
Ahora, las Fuerzas Armadas solo estaban facultadas para repeler agresiones externas de otros Estados que emplearan fuerzas militares. A grandes rasgos, éste es el hecho fundamental que respalda a quienes actualmente rechazan el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate a las nuevas amenazas, evidentemente porque muchos de los flagelos mencionados involucrarían a los militares en asuntos que geográficamente pertenecen al plano interno. Este rechazo tiene sus raíces en la historia reciente del país, esencialmente en los períodos del terrorismo de Estado, cuando los militares cumplían funciones de seguridad doméstica.
Entonces, Fuerzas Armadas y nuevas amenazas ¿es una relación posible? En primer término, puede decirse que para un sector no menor de la dirigencia política (y de la sociedad) es una relación deseada. Eso pudo verse durante la campaña presidencial de 2015 cuando los candidatos de las fuerzas mayoritarias (Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa) se manifestaron a favor de revisar el rol de los militares frente a problemáticas como el narcotráfico o la inseguridad. Consagrado Macri como presidente, esta idea no se diluyó. En la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas de 2016 el presidente expresamente se posicionó a favor del rol militar en la lucha contra el narcotráfico, y en la de 2017, llegó incluso a felicitar a los hombres de armas por el apoyo y los avances en materia de recuperación del control de las fronteras. De todos modos, más allá de estos elementos discursivos existen numerosos hechos concretos que marchan en la misma dirección.
Veamos tres de ellos provenientes del exterior. El primero, es un comunicado de agosto de 2016 emitido por la Agencia de Cooperación en Defensa y Seguridad dependiente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (http://www.dsca.mil/majorarms-sales/argentina-t-6c-texan-aircraft).
Allí se autoriza la venta de aviones de entrenamiento para la Fuerza Aérea de nuestro país, y se argumenta que los mismos contribuirán a mejorar las capacidades de control fronterizo ante ilícitos; una función propia de la Gendarmería Nacional.
El segundo, recepta nuevamente esta idea y es el contrato definitivo de la compra de los aviones, disponible en la página oficial de Departamento de Defensa. (www.defense.gov/News/Contracts/Contract-View/Article/1162544/).
El último, proviene del sitio oficial de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, en su información acerca del acuerdo de Asociación de Estado entre la Guardia Nacional de Georgia y las Fuerzas Armadas argentinas que se suscribió a fines del año pasado (www.nationalguard.mil/News/Article/1001157/georgia-national-guard-announces-state-partnership-with-argentina/).
Nuevamente aquí, la preocupación por la seguridad de las fronteras aparece explicitada.
Finalmente, resta decir que días atrás el debate dio un pequeño vuelco de la mano del nuevo ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien negó la posibilidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.
De todos modos, con el narcotráfico potencialmente excluido, la relación Fuerzas Armadas-nuevas amenazas sigue siendo una situación deseada dado que el listado de amenazas restantes aún es extenso. Asimismo, por cuanto muchos de esos flagelos como el terrorismo internacional o los ciberataques ocupan un lugar destacado en la agenda nacional e internacional, es probable que la relación deje de ser un deseo y pase a tener facetas de realidad.
En ese caso, la dirigencia deberá modificar las restricciones legales o ingeniar una estrategia que le permita sortearlas. Quedará explicitada entonces su capacidad para balancear la oposición de un amplio sector para quienes resulta muy caro ver a las fuerzas armadas en el terreno interno.
*Docente adscripto en la cátedra de política internacional latinoamericana, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, UNR.
