Uno de los proyectos que el gobierno provincial estudia habilitar para su tratamiento en la Legislatura, durante el período extraordinario de sesiones que comenzó el 1º de diciembre y se extenderá hasta el 1º de mayo de 2018, es la reforma del Código Procesal Penal juvenil.
El objetivo es darle un marco regulatorio específico al sistema judicial juvenil. El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 23 de noviembre. Si el gobernador Miguel Lifschitz lo autoriza, será tratado por el Senado durante el período de sesiones extraordinarias.
La reforma establece la creación de un Código Procesal para niños, niñas y adolescentes. El proyecto se viene discutiendo hace más de dos años y su objetivo es “adecuar el régimen procesal penal juvenil a las exigencias constitucionales y de los tratados internacionales de la materia”, según se señala en los fundamentos.
Cuando se apruebe la ley, se derogará el viejo Código Penal Juvenil y se traspasarán todas las causas que involucran a menores de edad al Ministerio Público de la Acusación, en el marco de la reforma penal. El plazo que establece el proyecto es el 30 de octubre de 2018. Llegada esa fecha, se disolverán los juzgados de menores y los procesos que involucren a menores se tratarán en audiencias orales y públicas.
Dudas por la edad
La media sanción en la Cámara baja fue posible luego de un trabajoso acuerdo entre bloques políticos. Pero no fue por unanimidad: los diputados del Frente Social y Popular Carlos Del Frade y Mercedes Meier y sus colegas del socialismo disidente Rubén Giustiniani y Silvia Augsburger votaron en contra ya que, según argumentaron, “no se respetó la especificidad de la materia en el despacho de la mayoría”.
Durante los dos años en que se discutió el proyecto, se acumularon varias iniciativas legislativas. El diputado del PJ Leandro Busatto, autor de una de esas iniciativas, sostuvo durante la sesión que “desde la demagogia punitiva se presta mucha atención a la necesidad de meter a los pibes presos” y explicó que el espíritu del nuevo Código va en un sentido opuesto: “La ley debe enfocarse en que los procesos sean lo más dinámicos y menos traumáticos posibles”.
La principal duda, que fue objetada en el recinto y será materia de análisis en el Senado, tiene que ver con el hecho de que el nuevo Código –que deroga al actual– no establece en forma taxativa la edad mínima de punibilidad. Por eso, las diputadas oficialistas Alicia Gutiérrez y Verónica Benas se abstuvieron de votar el artículo que deja abierta la posibilidad de que la futura norma contemple a menores de 16 años si una ley nacional adoptase esa postura.
Según las diputadas del Frente Progresista, el nuevo Código Procesal Penal para niños, niñas y adolescentes “debería establecer expresamente que es para jóvenes de 16 y 17 años y no dejar la edad abierta”. La iniciativa girada al Senado habla de menores de 18 años pero no especifica que apunta a los menores de entre 16 y 18 años. La Cámara alta revisará y corregirá ese punto antes de la sanción definitiva.
Proyecto de larga data
El tema se empezó a analizar durante la composición anterior de la Legislatura a partir de un proyecto de los diputados Busatto y Eduardo Toniolli, hoy concejal en Rosario. Luego hubo aportes por parte del ex ministro de Justicia de la provincia, Juan Lewis.
“Desde la comisión de Derechos y Garantías debatimos este proyecto con fuerte compromiso y convicción”, señaló Busatto. “Es un tema que venimos trabajando desde la gestión anterior, acompañados, entre otros funcionarios, por el ex ministro Juan Lewis, trabajando inclusive en discrepancia, pero con la idea común de darle un marco regulatorio específico a la Justicia Penal juvenil. Por eso pusimos nuevamente en debate este proyecto en 2016, luego de que perdiera estado parlamentario, porque entendemos que el futuro de muchos pibes está pendiente de esta ley”.
“Este proyecto –siguió el legislador– trabaja sobre situaciones dramáticas: un pibe en conflicto con la ley penal está perdiendo su cotidianeidad y su presente y está cercenando su futuro. Por eso la insistencia y la celeridad en sancionar este tipo de leyes, para permitir no sólo la posibilidad de juzgar a menores en conflicto con la ley penal, sino principalmente para brindar herramientas, derechos y garantías, para que el menor pueda afrontar su debido proceso con la mayor tranquilidad posible, y para que se resguarde fundamentalmente el interés superior del niño”.
Según Busatto, “desde la demagogia punitiva se presta mucha atención a la necesidad de meter a los pibes presos. Nosotros, por el contrario, entendemos que la ley debe enfocarse en que los procesos sean lo más dinámicos y menos traumáticos posible, garantizando la mayor cantidad de derechos para los menores. Ningún pibe nace chorro ni mereciéndose estar preso. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho en desarrollo, por eso son mayores aún los recaudos y garantías que el Estado debe resguardar para que los procesos penales se den en el marco de los principios declarados en tratados internacionales y consagrados en la Constitución nacional y provincial”.
