La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande anunció hoy que «no homologará» y por lo tanto dejará sin efecto el acuerdo suscripto con la cámara de empresas electrónicas radicadas en esa ciudad fueguina, que estipulaba el congelamiento salarial por dos años para los trabajadores del sector, según comunicaron dirigentes del sindicato en conferencia de prensa.
El establecimiento de sueldos fijos durante 24 meses estaba incluido en el anexo de un acuerdo suscripto el 13 de noviembre pasado por funcionarios del gobierno nacional, el gobierno de Tierra del Fuego, la UOM y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), cuyo objetivo fue garantizar la «sustentabilidad» y la «productividad» del régimen industrial fueguino.
Entre otras medidas, las partes acordaron ese día una reducción gradual de los impuestos internos para productos electrónicos no fabricados en la Isla, que las autoridades nacionales proponían -inicialmente- eliminar de una sola vez.
En ese contexto, y para mejorar la productividad de las industrias y disminuir el precio final de los artículos fabricados en la provincia, el gremio metalúrgico y Afarte avanzaron en un documento que congelaba los salarios desde junio de 2018 a junio de 2020, a cambio de que no se produjeran despidos en ese mismo período.
Sin embargo, el acuerdo precisaba todavía para su entrada en vigencia, de la homologación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y fue ese trámite el que se negaron a realizar hoy los metalúrgicos de Río Grande.
«Desde la firma del acuerdo hemos sufrido todo tipo de ataques por parte de la dirigencia empresarial y política, que nos acusó de haber aceptado algo que no era necesario. Ello generó un gran descontento entre los trabajadores y este cambio de postura que hoy damos a conocer», explicó el secretario adjunto de la UOM, Marcos Linares.
Según el dirigente sindical, «hasta el propio diputado electo de Cambiemos y máximo referente del gobierno nacional en la provincia, Héctor Stefani, nos acusó de firmar un acuerdo salarial que no era necesario. Bueno, así generaron el clima en las fábricas que hoy deriva en esta decisión», afirmó.
Por otra parte, Linares adjudicó la falta de homologación del congelamiento salarial a que «fuimos víctimas de una extorsión por parte del gobierno nacional, que nos hizo decidir en 48 horas si perdíamos o no 9600 puestos de trabajo, cuando en realidad ahora sabemos que ya tomaron la decisión de erradicar la industria fueguina en el mediano plazo», acusó.
Además, el representante metalúrgico argumentó que las autoridades nacionales «cambiaron las reglas del acuerdo» cuando «habilitaron hace pocos días las licencias automáticas para la importación de productos electrónicos, algo que «no fue discutido en las negociaciones previas al acuerdo de noviembre», mencionó.
La UOM de Río Grande detalló que el cambio de estrategia del sindicato, del que «ya están al tanto los directivos nacionales del gremio», incluye la promoción de un proyecto de ley provincial que determine la «emergencia ocupacional» en el distrito y «prohíba los despidos durante un año, tanto en el ámbito privado como estatal».
Por su parte, el presidente de Afarte, Federico Hellemeyer, declaró hoy que el sector empresarial se encuentra «muy preocupado por ese anuncio», y puso en duda que se pueda dejar sin efecto un acuerdo suscripto por los representantes del gremio legalmente constituidos.
«Para nosotros es algo sorpresivo. La homologación del documento es un mero trámite administrativo y corriente. No forma parte de ninguna negociación. Creemos que es algo muy extraño y habría que ver si al no homologarse, el acuerdo pierde vigencia», sostuvo Hellemeyer en dialogo con Télam.
La cámara empresarial entendió también que el argumento de que el gobierno nacional cambió las reglas al aprobar las licencias automáticas para electrónicos es «falso» ya que «esa medida venía siendo adelantada por las autoridades nacionales desde su asunción».
Por otro lado, el presidente de Afarte consideró que sin el congelamiento salarial al que se había comprometido el gremio, «es imposible cumplir con las metas de competitividad que reclama el gobierno nacional y bajar los precios de los productos finales».
«Todos los puntos del acuerdo de noviembre son imprescindibles. Desde lo que corresponde a la provincia hasta lo que compete a la Nación, como la erradicación del contrabando de celulares, la mejora de rutas o de la logística y el transporte. Todo es clave porque estamos en una hora muy crítica. O paramos la pelota y generamos productos más baratos, o eso nos saca a todos de la cancha», graficó el empresario.
