Un activista noruego que pretendía participar de la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) fue deportado hoy por el gobierno argentino, ante lo cual la Cancillería del país nórdico anticipó que presentará una queja formal.
La medida fue tomada por el gobierno de Mauricio Macri en el marco del rechazo de la acreditación al activista: se trata de Petter Titland, que integra la filial noruega de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (Attac).
Según denunciaron distintos integrantes de organizaciones no gubernamentales, como la referente de la Fundación Vía Libre Beatriz Busaniche, el escandinavo arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini y fue retenido por las autoridades de Migraciones.
“El ciudadano noruego Petter Titland fue deportado esta madrugada desde Ezeiza. Fue enviado a Brasil. No atendieron reclamo diplomático de la Embajada de Noruega y pese a tener abogado, no dieron tiempo suficiente para que se expida el juez”, afirmó Busaniche en su cuenta de Twitter.
Luego de la decisión del gobierno de rechazar la acreditación y deportar a Titland, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, conducido por Ine Eriksen Soreide, anticipó que presentará una queja formal al respecto.
“Pedimos disculpas por la decisión argentina de cancelar la suscripción y de denegar la entrada a varios participantes de ONG, incluido el jefe de jefe de Attac Noruega, Petter Titland.
Creemos que el diálogo con la sociedad civil es una parte importante de la cooperación internacional también en la OMC. La decisión de la Argentina es desafortunada y envía una señal equivocada”, manifestó el vocero de la cartera diplomática del país europeo, Guri Solberg, en declaraciones periodísticas.
La Casa Rosada le negó el ingreso al país a unos 60 activistas acreditados por la OMC con la intención de prevenir incidentes, en función de expresiones que esas personas habían realizado “a través de las redes sociales”.
“El equipo de seguridad de la organización de esta Conferencia Ministerial anticipó a la OMC la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha organización en nombre de algunas ONG’s, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”, señaló días atrás la Cancillería argentina.
Ante esta situación, el relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, manifestó su “preocupación real” y le pidió al Gobierno que dé marcha atrás con la decisión.
“Se ha informado ampliamente de que la Argentina, como anfitriona, ha impedido que varias ONG participen en la próxima ministerial de la OMC. Esta es una preocupación real. Sin entrar en los méritos, cualquier restricción en la participación debería basarse en normas estrictas de necesidad y proporcionalidad. Y ciertamente en evidencia de amenaza inminente”, sostuvo el integrante de la ONU.
A través de su cuenta de Twitter, Kaye resaltó que las autoridades de la OMC se “quejaron” por la situación, ya que el organismo había acreditado a las personas vetadas por el gobierno.
“Normalmente iría a través de canales de comunicación formal, pero dado que la cumbre ministerial comienza el domingo, quería expresar mi preocupación aquí y urgir al gobierno a que revierta su decisión”, agregó.
Se trata de 64 personas, integrantes de organizaciones ecologistas y antiglobalización que iban a participar de la cumbre de la OMC en Buenos Aires la semana próxima: el organismo internacional tiene una estrategia –desde que se registraron disturbios en la reunión de Seattle en 1999– de incluir a las organizaciones antiglobalización en las discusiones formales que lleva adelante.
Denuncia del Sipreba
En tanto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunció esta noche que la periodista de @ALAInfo Sally Burch está retenida en Ezeiza.
La periodista llegó a Buenos Aires para cubrir la cumbre de la OMC, pero no la dejan ingresar al país y amenazan con deportarla.
«Exigimos garantías para la libertad de prensa», señalaron desde el Sipreba
Sally Burch es una periodista británica, residente en Ecuador desde hace más de dos décadas. Es directora ejecutiva de la ALAI (Agencia Latinoamericana de Información).
