El tribunal que tendrá a su cargo el juicio por lavado de activos provenientes del narcotráfico de la megacausa conocida como “Carbón blanco” dispuso el embargo de 68 inmuebles y el congelamiento de 128 cuentas vinculadas a los imputados, informaron este domingo fuentes judiciales.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia, tras el pedido formulado por el fiscal general Federico Carniel, la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En las actuaciones, se acusa al abogado Carlos Salvatore (60) de liderar una organización dedicada a canalizar al mercado legal los millonarios recursos provenientes del contrabando internacional de estupefacientes.
También se juzga a otras cuatro personas, familiares directos e integrantes de su círculo íntimo, que formaron parte de las distintas operaciones destinadas a darle apariencia de licitud a las ganancias obtenidas por el delito.
Según informó la página Fiscales, el tribunal oral que efectuará el juicio dispuso el embargo preventivo de 68 inmuebles (dos de los cuales se encuentran en el exterior), y de las participaciones societarias de cinco imputados respecto de un total de 26 personas jurídicas.
Por otro lado, se ordenó el congelamiento por 90 días de 128 cuentas bancarias (cuentas corrientes y cajas de ahorro) y el embargo de cuatro vehículos.
Este paquete de medidas cautelares tiene su origen en la resolución dictada por la jueza federal Nilda Niremperger en 2015 y busca impedir la caducidad de los embargos, lo que hubiera permitido a los imputados disponer libremente de los bienes y obstaculizar su eventual decomiso.
Millones
En tanto, en marzo de este año la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la traba de embargos sobre los bienes de los imputados.
Las sumas son millonarias: a Salvatore se le embargaron 759 millones; a su esposa Silvia Vallés Paradiso 505 millones; a su hija Carla Yanina Salvatore 6 millones; a su suegro Santiago Vallés Ferrer 81 millones y a su socio Ricardo Gassan Saba 264 millones.
Esta causa fue elevada a juicio en junio pasado por la jueza Niremperger, quien dio por acreditado que Salvatore, quien cumple una condena de 21 años de prisión, “generó un entramado financiero, empresarial e inmobiliario, con ramificaciones por el país y el extranjero, dedicado a colocar en el mercado local el dinero que provenía de su actividad como narcotraficante”.
Esta investigación se inició en 2014, mientras todavía se encontraba en etapa de instrucción el expediente por narcotráfico “Carbón Blanco”, a partir de una denuncia de la Procelac.
Esta denuncia se sustentaba en una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas emitidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que daban cuenta de movimientos injustificados a través de un conjunto de sociedades comerciales que tenían como denominador común la participación de Salvatore, ya sea de manera directa o a través de personas de su extrema confianza.
Para los acusadores, la sociedad Lugin SRL fue una de las firmas más utilizadas para ejecutar las maniobras de lavado y se constituyó en abril de 2000 a través de Vallés Paradiso y Vallés Ferrer con un capital social de 3 mil pesos para “dedicarse a actividades inmobiliarias, financieras y servicios”.
En su declaración jurada de ganancias presentada ante la AFIP, esta firma reconoció ventas en 2011 por 264.134 pesos, aunque ese mismo año “adquirió una gran cantidad de vehículos de lujo, entre ellos un Porche Cayenne por la suma de 515 pesos”, según la fiscalía.
Mientras que en otros casos, “Salvatore y alguna de las personas de su círculo íntimo ingresaban formalmente a sociedades constituidas varios años antes y, una vez al mando del directorio, aumentaban sideralmente el capital social”.
Siempre en base al informe de los fiscales, esa maniobra sucedió con la firma “Saint Maxime S.A.”, a la que Salvatore y su esposa ingresaron en marzo de 2004 y un año después el capital social pasó de $ 12 a $ 36.000 y en 2006 se elevó a $ 1.700.000.
