El juez federal Julián Ercolini ordenó la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, al tiempo que procesó sin prisión preventiva al ex titular de la Afip Ricardo Echegaray.
La investigación es por la evasión de unos 8 mil millones de pesos por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio a través de su petrolera Oil Combustibles.
Poco después de emitida la orden del juez, pasadas las 16, fue arrestado De Sousa en su departamento de Puerto Madero y alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales.
Mientras, las fuerzas de seguridad aún buscaban a López: no fue hallado en su domicilio de la calle Macacha Güemes, tampoco en Puerto Madero, por lo cual se emitió una orden de captura y la Policía lo rastreaba en todo el país.
Recientemente la Cámara Federal de Casación Penal determinó que es competencia federal la causa, que se inició por una denuncia en marzo de 2016: Ercolini había considerado que debía intervenir la justicia en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de administración fraudulenta por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
Echegaray fue procesado como “autor” del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y les trabó un embargo a cada uno de ellos de más de 17 mil millones de pesos.
Desde hace meses pesaba sobre López y De Sousa una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.
“A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas”, señaló el juez en su fallo, al que accedió NA.
En ese sentido, aseguró que “se ha engañado sostenidamente” al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la Afip en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso, “ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial”.
Al respecto, remarcó el Juzgado que existió “el cambio de domicilio de Oil Combustibles SA para sustraerse de la acción judicial -a fin de presentar su concurso preventivo en la jurisdicción de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut y la posibilidad de venta exteriorizada respecto del Banco Finansur SA”.
“López y De Sousa ejercieron un rol preponderante en Oil Combustibles SA, ya que de manera indirecta, es decir, a través de las sociedades de las que eran accionistas y/o en las que ocupaban cargos directivos, tenían en gran medida el control de aquella, lo que fue necesario para lograr la maniobra que aquí se investiga”, la cual tuvo lugar 2013 y 2015.
Por otra parte, respecto de Echegaray, lo acusó de haber posibilitado “que la petrolera no pagara en tiempo y forma aquel tributo y utilizara indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del referido grupo, en perjuicio de las arcas del Estado Nacional”.
“Se encuentra corroborado que Oil Combustibles recibía el valor del tributo que debía pagar a la Afip cada vez que uno de sus clientes abonaba el combustible en alguno de sus puntos de venta”, concluyó.
