El juez federal Ariel Lijo le pidió al Banco Central los libros societarios y contables de empresas del Grupo Macri y el Correo Argentino desde 2001. Es por la investigación de la deuda de la contraída por la compañía postal con el Estado y las sospechas de que fue virtualmente “perdonada”, por licuación de su monto, en los primeros tiempos de la gestión presidencial de Mauricio Macri. La fiscal Grabiela Boquin estimó en unos 70.000 millones de pesos el dinero que las arcas públicas perderán por el acuerdo que firmó el Ejecutivo nacional, de pago en cuotas y sin actualizar hasta 2033.
¿Por qué el nuevo pedido de esos documentos? Según la Justicia, en junio pasado se libraron órdenes de presentación similares a las firmas Sideco Americana y Socma –Sociedades Macri– pero las respuestas «resultaron ser insuficientes».
Lijo envió entonces nuevos oficios a las firmas de la familia Macri al igual que al Correo Argentino para que remitan los libros societarios desde el inicio del concesión, durante el menemismo, hasta la actualidad y así completar la información requerida.
El juez pidió que se incluyan actas de asambleas, de directorio, registro de acciones y accionistas, depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales y otros libros contables y extracontables, más diario de inventario y balances a la fecha.
El fiscal Juan Pedro Zoni pidió a su vez, y el juez lo rubricó, un pedido de informes al Banco Central sobre la situación bancaria de las empresas Sideco Americana S.A, Socma Americana, Neficor Argentina y Correo Argentino.
El que no corre, «vuela»
Hay otras sospechas de perdones: Lijo pidió también a los juzgados del fuero federal que informen si tramitan o tramitaron alguna causa por la emisión de un supuesto documento por parte de la Gerencia de Asuntos Jurídicos y Regulatorios de la empresa Aerolíneas Argentinas en el cual se le habría perdonado una deuda de alrededor de 500.000 pesos a la empresa Correo Argentino.
En la causa está imputado el presidente Macri, el entonces ministro de Comunicaciones y ahora de Defensa, Oscar Aguad, y a su representante en el concurso del Correo Argentino, Juan Manuel Mocoroa, entre otros.
Vaciamiento para zafar
El fiscal Zoni ya había ampliado la imputación y solicitado que se investigue el presunto intento de vaciamiento de la empresa, aún durante el período en el que se encuentra sometida a concurso de acreedores, algo que había sido denunciado por su colega Gabriela Boquin ante la Cámara del fuero Comercial. La maniobra sospechada apuntaría a dibujar números y transferencias que muestren iliquidez para o tener que afrontar los pagos de las deudas.
La misma Boquin había argumentado que el acuerdo entre Correo y el Estado era «abusivo» (en beneficio de la privada). Y tras ello denunció el aparente intento de «vaciamiento» de las cuentas del concurso de acreedores del Correo Argentino para desviar los fondos en dólares y pesos hacia otros negocios del mismo grupo empresario, vinculado con la familia del presidente Macri.
