El 4 de diciembre, el gobernador Miguel Lifschitz presentó en público el proyecto de ley provincial de educación, que empezó a ser estudiado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Santa Fe es la única provincia que aún no tiene su propia ley al respecto; el oficialismo buscará aprobarla antes del inicio del ciclo lectivo 2018, pero hay pocas perspectivas de que así ocurra ya que desde la oposición han planteado la necesidad de convocar a todos los actores involucrados –principalmente los gremios docentes– para terminar de definir el texto de la ley.
El proyecto se encuentra en análisis en la Comisión de Educación de la Cámara baja desde la semana pasada. Uno de los integrantes de esa comisión, el diputado socialista Julio Garibaldi, remarcó el proceso de construcción colectiva del proyecto, abierto hace casi dos años a partir de la decisión del Ejecutivo. “Venimos con mucho bagaje y discusión desde el año pasado”, sostuvo Garibaldi.
Aunque el gobierno y los diputados oficialistas están conformes con el resultado de las consultas realizadas en toda la provincia, todavía persisten algunas dudas. Otro integrante de la comisión, el opositor Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), indicó que al proyecto “hay que seguir trabajándolo. Vamos a discutir en la Comisión de Educación cómo establecer los criterios para saber a ciencia cierta cómo trabajar desde los primeros días de febrero (de 2018) en relación al proyecto del Ejecutivo en síntesis con los cinco proyectos que se presentaron en la Legislatura”.
La iniciativa enviada por Lifschitz a la Legislatura tiene 260 artículos. Para el diputado Garibaldi, el proyecto “es muy innovador en muchos aspectos. Recoge aportes que no estaban en los planes previos. Pero hay temas en los que vamos a convocar actores directamente involucrados”, entre ellos la educación inclusiva para lo cual citarán a las ONGs que trabajan sobre el tema discapacidad.
El proyecto establece la obligatoriedad de la educación a partir de los cuatro años hasta la finalización de la secundaria, en tanto se asume la responsabilidad de la universalización de la sala de tres años (particularmente, para los chicos de grupos sociales vulnerables) y se enfatiza el acceso gratuito y universal también al nivel superior.
Otro punto central es la definición de la educación pública de gestión estatal como laica, mientras que los establecimientos privados confesionales podrán enseñar sus cultos sin obligar a profesar la religión. Por último, se indica la responsabilidad del Estado provincial de garantizar los recursos para que todos los preceptos de la ley puedan ser cumplidos en materia presupuestaria.
Dudas de la oposición
El diputado Del Frade objetó algunos aspectos del proyecto: “La primera duda es que el proyecto del Ejecutivo no tiene fundamentos, lo cual es un agujero muy grande porque no se puede saber de dónde viene el pensamiento lógico para articular lo que después se escribe”.
En cuanto a la cuestión del presupuesto, según Del Frade “simplemente se dice que va a ser mayor que el año anterior, pero eso está lejos de lo que habíamos consensuado: que cada año sea un 35 por ciento mayor que el año anterior. Para que sea una política de Estado, los aumentos presupuestarios debían ser de ese orden”.
Otras objeciones del legislador del Frente Social y Popular: “No están contemplados los equipos socioeducativos. Están planteando un solo equipo socioeducativo por área, cuando nosotros planteamos un equipo por conjunto de escuelas”. Y además “no ha quedado definido el tema de las escuelas de gestión social”, como la del movimiento Giros de Rosario y el Proyecto Revuelta en Santa Fe.
“También hay deficiencias –siguió Del Frade– en lo que tiene que ver con la educación especial, fundamentalmente en el tratamiento: qué se define como educación especial, quiénes son las chicas y los chicos que asisten, qué tipo de derechos tienen. Eso no está desarrollado”.
Posición gremial
Tras la presentación del proyecto, los gremios docentes se mostraron muy cautos. Amsafé y Sadop advirtieron que no fueron consultados durante la elaboración de la iniciativa y que por ello se van a tomar un tiempo para analizar el proyecto punto por punto, aunque ya adelantaron algunas diferencias.
“Se plantea un consejo consultivo, que aparece en el texto, pero no se dice cómo debe estar conformado. Además, cuando se habla de presupuesto, no dice cuánto va a estar asignado ni de dónde van a salir esos recursos. Lo del presupuesto no está definido en el proyecto y nos parece una ausencia grave”, cuestionó Javier Almirón de Amsafé.
Por su parte, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, expresó que la iniciativa del gobierno provincial “representa un atraso de 50 años en materia educativa”.
El titular del gremio que agrupa a los docentes privados de Rosario cuestionó: “Como punto de partida resulta, al menos, paradójico que una iniciativa presentada como fruto del «acuerdo y el consenso» no haya contado con la participación de los docentes, que son protagonistas del proceso de educación”.
“De la información que llegó a nuestro poder se desprende que hay derechos laborales docentes que quedan desamparados. En el caso puntual de la educación privada no se hace ninguna referencia a las condiciones de trabajo y la carrera docente, lo cual representa un retroceso de más de cincuenta años teniendo como referencia la ley de Educación privada de Santa Fe que es de 1968”, señaló.
Por esos motivos, desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados iniciarán la ronda de consultas con los representantes gremiales de los maestros. “Los gremios educativos no han tenido mayor participación en la discusión. No hubo un ida y vuelta entre el gobierno y los gremios. Por eso desde la Comisión de Educación (de la Cámara de Diputados) vamos a convocar a los gremios en febrero”, sostuvo el diputado Del Frade.
