Por estos días, cuando transcurre la mitad del mandato, el gobierno provincial exhibe índices que muestran bajas en el accionar delictivo, como una caída paulatina de alrededor del 40 por ciento con respecto a aquel récord de 264 homicidios dolosos cometidos en el departamento Rosario en el aciago 2013 (cuando los casos se habían duplicado en tres años): hoy son 160. Es un dato incontrastable, aunque pueda debatirse la menor o mayor incidencia de las políticas públicas provinciales (y municipales) en ese descenso. Al frente del Ministerio de Seguridad continúa Maximiliano Pullaro, sobre quien durante el primer año de gestión no hubo demasiadas críticas, pese a la conmoción que generaron las marchas Rosario Sangra en la segunda mitad de 2016 y a la confrontación de Santa Fe con Nación por la seguridad pública y los delitos complejos. Hoy el escenario es otro: a pesar de lo que marcan estos números, el llamado escándalo de las escuchas golpeó al ministro, no casualmente en un año electoral, y desató una crisis institucional entre poderes que aún parece lejos de saldarse y que suma también a la Legislatura.
Como aquel 2013, este 2017 que se cierra estuvo marcado de principio a fin por la banda de Los Monos. A principios de este año, fueron absueltos los acusados de matar a Claudio “Pájaro” Cantero, entre ellos Luis “Pollo” Bassi, jefe de un clan villagalvense, fallo que se conoció días después de que una combi penitenciaria que llevaba a los enjuiciados fuese atacada a tiros en la autopista Brigadier López. Esta sentencia cosechó duras críticas del Ejecutivo, que fueron respondidas por los gremios de los magistrados y otros funcionarios judiciales. Uno de los jueces de este tribunal era Ismael Manfrín. Este mismo magistrado preside hoy el tribunal que juzga a 25 imputados, trece de ellos uniformados, por asociación ilícita, incluidos los principales referentes del clan Cantero. Una batalla que para las defensas parece perdida de antemano: la Fiscalía recuerda a cada paso que cada prueba ya fue avalada por instancias superiores y muchas de las defensas sacan la cuenta de cuántos años recibirán los acusados el año próximo, tal vez en abril, cuando termine el debate.
El megajuicio va por los carriles esperados: los fiscales basan su teoría del caso en las escuchas telefónicas y las defensas torpedean la piedra basal de la investigación: sostienen que la persecución sobre el clan de La Granada se da sólo por la connivencia entre el primer juez instructor del expediente, Juan Carlos Vienna, y el ex mánager de box Luis Paz, padre de la víctima de un homicidio ocurrido en 2012, el de Martín “Fantasma” Paz, que derivó en esta causa. A ello le suman cuestionamientos al gobierno socialista de aquel momento, jaqueado por la caída en desgracia de su jefe de Policía Hugo Tognoli, y a la famosa Brigada Operativa de la División Judiciales, el brazo ejecutor de Vienna en la pesquisa.
La inicial hipótesis de las defensas de que todo se trató de una maniobra de un sector de la Policía para cambiar el mando de las bocas de expendio del narcomenudeo se mantiene, pero en estos últimos días del debate se han agregado actores, a partir de la presencia de testigos y del testimonio de algunos imputados, que terminan de redondear esta idea: desde Judiciales algunos policías pretendían acaparar la recaudación ilegal del narcotráfico desplazando a otro sector de la fuerza y a la vez empoderando a otro grupo delictivo, pero de civiles. No ya el clan Bassi, apenas mencionado en las audiencias, sino la banda que dominaba entonces las zonas oeste y norte, aunque pagando por protección a Los Monos: la atribuida al asesinado Luis Medina y al condenado por robo de autos Esteban Lindor Alvarado.
Fiscales y legisladores
Este año se produjo el recambio de las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, donde asumió Jorge Baclini, y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, cargo que quedó en manos de Jaquelina Balangione, la esposa de quien volverá a ser en 2018 presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez. Eyectado por la Legislatura el anterior jefe de la defensa pública, Gabriel Ganón, parecía que los órganos extrapoderes entrarían, al decir de un diputado, en el terreno de la previsibilidad. Pero las escuchas al ministro Pullaro en una causa en la que se investiga a un jefe policial por fraude detonaron un nuevo escándalo: todo terminó con los fiscales de la capital provincial Roberto Apullán y María Laura Martí, separados de este expediente por su superior regional y también del que investiga maniobras con subsidios en la Municipalidad de Santa Fe. El caso había tenido un antecedente en Rosario: el jefe del gremio de los fiscales, Fernando Rodrigo, acabó renunciando luego de que fuera denunciado por pinchar los teléfonos de su ex pareja, entre muchos otros.
Rápida de reflejos, la Legislatura cambió por unanimidad el sistema de remoción de los fiscales y defensores públicos, lo que sumó mayor tensión al vínculo entre la Justicia y poder político. Le quitó autonomía, dicen fiscales y defensores. Antes, los senadores habían abierto pesquisas sobre los fiscales Sebastián Narvaja y Adrián MacCormack, quienes a su vez los investigaban por irregularidades con los fondos reservados y terminaron separados de esos casos. Después, los legisladores decidieron desestimar el juicio político promovido por tres decenas de fiscales y defensores contra el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, quien interviene en el sistema conclusional de causas y es el arquitecto de la acusación contra la banda de Los Monos.
Con el horizonte enrarecido, el poder político optó a través de la Legislatura por la prudencia a la hora de acordar cambios en la reforma procesal penal que discutió durante un lustro. Del lema “todo el poder a los fiscales”, surgido del reclamo popular de las marchas Rosario Sangra, senadores y diputados acordaron este fin de año un proyecto que atenúa algunos cambios considerados de mano dura. Igual, la ley sancionada extiende el plazo de detención ordenado por los acusadores y el previsto para la audiencia imputativa.
Gatillo y bolsillo
La masiva detención de policías en distintas causas fue otro de los dolores de cabeza para el Ejecutivo en la previa de las elecciones de octubre. Antes de que estallara el escándalo de las escuchas, la Justicia provincial –a instancias de Apullán pero en un expediente que se abrió por una denuncia del propio Pullaro– mandó preso al ex jefe de la Policía santafesina Rafael Grau, en una investigación por fraude con la reparación de vehículos. A ello se suma el caso de estafas con horas Ospe (horas extra policiales), donde hay cuatro decenas de uniformados en la mira, causa investigada por Martí de la que se desprendió la pesquisa que intervino el teléfono de Pullaro.
La saga había comenzado con la detención de tres decenas de uniformados, incluido el jefe de Asuntos Internos, por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco, el joven bonaerense cuyo cuerpo fue hallado en el río Paraná en octubre de 2014, luego de que estuviera detenido en la comisaría 7ª rosarina. Poco después, 18 uniformados marcharon presos, aunque en la Justicia provincial, por la persecución que acabó con dos hombres acribillados en la zona sur de Rosario, David Campos y Emanuel Medina.
La hiperactividad judicial contrasta tanto en el fuero federal como en el provincial con la parsimonia de años anteriores. En este último, por ejemplo, a trece años de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra el comisario Hugo Giuliano, y a cuatro de que se implementara el sistema conclusional de la Justicia penal, una decena y media de expedientes –sobre un centenar de investigaciones judiciales por la misma causa– sigue su paso de tortuga camino a juicio o bien al archivo. En el primero, casos resonantes de narcotráfico como los de Delfín Zacarías o Reina Quevedo –contemporáneos a la caída de la banda de Los Monos– siguen su cansino derrotero al debate oral.
