Lula es el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) de cara a las elecciones presidenciales brasileñas de octubre del año que viene.
Y es un candidato firme. Fue, a nivel doméstico, el presidente más querido de la historia del país saliendo del gobierno con el 80 por ciento de aprobación del público; y, a nivel internacional, el mismo Obama lo llamó “The most popular politician on earth” (El político más popular de la tierra).
Para las próximas elecciones tiene una intención de voto que péndula entre un 34 y un 37 por ciento.
Cinco candidatos lo siguen, pero no están cerca: el ultra derechista Jair Bolsonaro (que oscila entre el 17 y 22 por ciento), Marina Silva, Geraldo Alckmin y Ciro Gomes (que varían entre el 6 y el 13 por ciento).
Esto significa que el ex presidente conseguiría un porcentaje apenas menor que la suma de todos sus adversarios, lo que implica que está cerca de lograr el 50 por ciento de los votos necesarios para ser elegido en la primera vuelta electoral.
Esta intención de voto se daría gracias a un escenario electoral polarizado en esquemas de izquierda-derecha, que se desdibuja si avanza la condena a Lula. Aquí está el problema: no se puede votar por un candidato que no puede ser candidato.
El escándalo de corrupción que irrumpió en la política brasileña ya en 2014 (Operação Lava Jato), y que fue el responsable indirecto del apartamiento de Dilma Rousseff del cargo de presidente en agosto del año pasado, aún sigue haciendo estragos en la vida institucional del gigante sudamericano.
Desde el inicio de las investigaciones, más de 120 políticos fueron denunciados por el Ministerio Público Federal con el argumento de que habrían recibido coimas a través de contratos que provenían de desvíos de recursos públicos, que a su vez, se obtenían de la sobrefacturación de los trabajos de empresas constructoras, que se repartían las licitaciones a cambio de coimas.
En el marco más amplio de esta Operação, el ex presidente tiene siete causas penales pendientes por corrupción pasiva y lavado de dinero, entre ellas el llamado Caso Triplex.
En este caso puntual, Lula fue hallado culpable de aceptar dadivas por parte de la empresa constructora OAS S.A. a cambio de garantizarle contratos con la empresa petrolera estatal Petrobras durante su gobierno.
El dinero proveniente de estos sobornos habría sido utilizado para la reforma de un departamento en Guarujá (Sao Paulo). A pesar de la debilidad de esta causa (nadie acepta coimas para remodelar su casa que, por otra parte, fue comprada en cuotas), da Silva fue condenado en primera instancia por el juez Sérgio Moro a más de nueve años de prisión.
Esta condena fue apelada por los abogados de Lula, pero si se confirma en segunda instancia “Don Calamar” (Lula en portugués significa calamar) deberá cumplir la sentencia.
Ahora bien, el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, en donde se apeló, informó que tomaría una decisión al respecto el 24 de enero de 2018.
Según la ley electoral, ante esta primera condena, Lula puede ser candidato, pero si ésta o alguna de las otras causas vinculadas a Lava Jato fueran ratificadas en segunda instancia, el ex presidente quedaría inhabilitado para competir en las elecciones de 2018 y podría ser reemplazado por el PT hasta 20 días antes de los comicios.
Sin embargo, da Silva aún tendría una oportunidad solicitando autorización en instancias superiores como el Supremo Tribunal Federal o el Superior Tribunal de Justicia para que su candidatura fuera aceptada hasta que se agoten las apelaciones.
Esto sería gracias a una excepción existente en la ley de Ficha Limpia que prohíbe a las personas sentenciadas por la justicia en segunda instancia ocupar cargos públicos o ser pre candidato: el artículo 26C de dicho texto legal establece una especie de medida cautelar que permite recurrir ante el Tribunal Superior a fin de que se suspenda la ineligibilidad del o los candidatos condenados.
Es aquí donde se plantea un problema de plazos y donde el sistema judicial brasileño “muestra la hilacha” ante su supuesta neutralidad política.
Bajo parámetros “normales” la justicia sería mucho más lenta para expedirse y, en caso de que Lula fuera elegido presidente, el proceso judicial quedaría en suspenso pues un primer mandatario sólo puede ser juzgado por delitos del ejercicio de sus funciones.
Así, todo indicaría una sentencia condenatoria en segunda instancia y una absolución posterior, por parte del Tribunal Supremo, pero un procesamiento tardío para acortar los tiempos y que da Silva “no llegue” a la necesaria autorización para presentar su candidatura.
En este escenario, se consolida la candidatura de Bolsonaro.
Pero, lamentablemente, para el PT el carisma de Lula no es trasferible.
(*) Doctora en Relaciones Internacionales. Profesora de la Cátedra de RRII en la Facultad de Ciencia Política de la UNR. Investigadora del Conicet.
Espacio de colaboración entre este diario y la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales para promover la reflexión y opinión de los asuntos globales.
