La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció este viernes a Hugo Moyano, a su hijo Pablo, al gremio de Camioneros y a la empresa OCA S.R.L, entre otros, por los supuestos delitos de lavado de dinero y evasión impositiva.
La presentación se fundó en un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), que también incluye en las supuestas maniobras a la firma de correos, que preside Patricio Farcuh, al Grupo Damasco y al Grupo Rhuo.
La denuncia quedó a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N°3 a cargo de Rafael Caputo, con intervención de la Fiscalía Penal Económico N° 8, de Alicia Sustaita, pero también se presentó en el Juzgado en lo Penal Económico N°9, ya que allí se encuentra radicada una investigación por evasión tributaria.
En la denuncia se señala a las empresas OCA S.R.L., Grupo Damasco, Grupo Rhuo, y las sociedades que estas incluyen. Asimismo, se menciona al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, y a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros.
También, en relación a las personas físicas, la denuncia menciona al actual director de la empresa de correspondencia, Patricio Farcuh, Hugo Moyano y su hijo, Pablo Moyano, según publicó el portal del Ministerio Público Fiscal.
Según la Procelac, «si bien dicho informe da cuenta de indicios de lavado de activos y de evasión tributaria suficientes como para formular una denuncia, era necesario judicializar el caso, dado que la corroboración de tales extremos exige la concreción de medidas probatorias que, por sus características, requieren de intervención y autorización judicial, como ser el levantamiento de secretos fiscales y bancarios».
La acusación se basa en pases de fondos, transferencias y giros entre las empresas de Farcuh y Moyano, que levantaron sospechas en la UIF. Entre 2014 y 2016, se habrían cruzado 100 millones de pesos en concepto de venta de inmuebles, donaciones al gremio y el sponsoreo del club Independiente, del que Moyano es presidente, según un informe de la UIF, publicado por el diario >>La Nación>>.
La denuncia se conoció días después de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) extendiera por 30 días hábiles la habilitación para operar a OCA, empresa a la que la Afip le reclama una deuda de 3.400 millones de pesos y donde se desempeñan unos 5.000 trabajadores afiliados a Camioneros.
El gobierno nacional se despegó
El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, desestimó ayer que las detenciones de dirigentes sindicales que se produjeron en los últimos días “condicionen” el tratamiento de un proyecto de reforma laboral en el Congreso, y aseguró que muchas de las modificaciones planteadas por el gobierno nacional en el ámbito laboral “fueron consensuadas” con la CGT.
“No creo que el tema de las detenciones tenga que ver con las negociaciones que se establecen con los gremios. La Justicia tiene la libertad de investigar y lo está haciendo. Los proyectos de modificaciones en el ámbito laboral estuvieron consensuados con la CGT. No vemos esa oposición, por lo menos de las autoridades que eligieron los propios trabajadores”, declaró Frigerio a los diarios El Cronista y El Tribuno de Jujuy.
“Hemos trabajado muchos meses en la necesidad de coordinar políticas laborales para generar trabajo de calidad. Eso, a la larga se tiene que terminar plasmando en la sanción de una ley. Los tiempos los va a terminar definiendo el Congreso”, apuntó en funcionario al desestimar que el tratamiento de un proyecto de reforma laboral pueda postergarse para 2019.
