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Vicentín asegura que su playa de camiones está en regla

La empresa afirma en un comunicado que el predio sobre ruta AO12 que fue clausurado el viernes y vuelto a autorizar el lunes cumple con todas las normativas. Rechaza además el "inescrupuloso apetito recaudatorio de las comunas"

La empresa Vicentín difundió un comunicado en el que aclara que la playa para camiones que opera sobre la ruta AO12, a la altura de la localidad de Ricardone, «cumple con todas las reglamentaciones vigentes y se encuentra habilitada por la comuna». Es en respuesta a la clausura del predio dispuesta por las autoridades locales el viernes pasado y levantada luego del caos generado en el tránsito durante el fin de semana y, sobre todo, la intervención del gobernador Miguel Lifschitz.

El texto, echado este lunes, señala que el estacionamiento tiene «capacidad para más de 800 camiones, fue inaugurada por Vicentin en el año 2011 y su principal objetivo es el ordenamiento del tránsito y la liberación de arterias fundamentales de acceso a la localidad». Por eso, agrega: «La clausura a este establecimiento, arbitraria e irracional, invoca falsos y aparentes incumplimientos de la empresa en las instalaciones de la playa, siendo el reclamo  principal el cobro de diversos tributos ilegítimos e improcedentes, debiendo aclarar que Vicentin SAIC  no factura ni desarrolla actividad comercial alguna en Ricardone».

La compañía abundó en el presunto interés del jefe comunal, Carlos Doria, en instalar un nuevo recurso financiero para la administración de Ricardone. El funcionario  había expresado públicamente su deseo de que los camiones que circulan por la AO12 hacia las terminales portuarias de Vicentin y Molinos abonen un peaje o tasa de estacionamiento. No es una pretensión aislada, aunque sí de dudosa legalidad por asemejarse a una prohibida “aduana interna”: esos gravámenes rigen en San Lorenzo, Puerto San Martín y Timbúes cuando los camiones circulan por calles municipales. «Vicentin SAIC comparte su preocupación con las empresas de las zonas y autoridades provinciales y nacionales por el inescrupuloso apetito recaudatorio de las comunas, al punto de apelar a falsas acusaciones para tomar medidas drásticas y arbitrarias, en detrimento del normal desarrollo de la actividad de la compañía, afectando drásticamente la competitividad de nuestras empresas», apunta el comunicado de la cerealera.

 

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