La política económica neoliberal que impulsa la Nación, con la reforma laboral a la cabeza, apunta a la reducción de los costos laborales y al disciplinamiento social frente a la pérdida de derechos. El aumento de la desocupación y la caída de los salarios son parte de la estrategia.
Para los argentinos no son una novedad muchas de las medidas que el gobierno nacional ha tomado desde que asumió el poder a fines de 2015. La política económica de neto corte neoliberal ha sido probada en diferentes momentos del pasado, más allá de variantes y particularidades, con similares resultados. Sin embargo, una vez más, los voceros y defensores del modelo sostienen que esta vez sí va a lograr contener la inflación, reducir el déficit, atraer inversiones productivas, crear empleo genuino y terminar con la pobreza en el país. A juzgar por todo lo que ha sucedido hasta ahora, vamos hacia la dirección contraria.
La propuesta de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo, cuyo tratamiento legislativo se ha visto demorado por el conflicto generado en torno de la modificación del sistema previsional, vuelve una vez más a cargar contra los derechos fundamentales de los trabajadores. Con el ejemplo de Brasil en el horizonte, que hace tiempo que ha optado por el camino del ajuste social y la violación de las garantías constitucionales, se busca sancionar un paquete de leyes orientadas a la flexibilización y la reducción del poder de negociación de los sindicatos, cuya motivación principal es bajar el costo laboral de las empresas y no la generación de más empleo registrado.
La historia reciente ha demostrado, como así también una infinidad de estudios y trabajos de investigación, que la desregulación del mercado de trabajo y la eliminación de las protecciones que hoy existen, como la indemnización por despido, la ley de Contrato de Trabajo o las contribuciones patronales, sólo va a redundar en un crecimiento de la tasa de desocupación y de la precariedad laboral, con las gravísimas consecuencias sociales que eso acarrea. Sin embargo, el discurso oficial de la posverdad y un cerco mediático –por el momento inquebrantable– parecen contradecir la realidad.
Mientras tanto, la industria nacional y, en particular, la provincial no salen de la recesión y amenaza con dejar más gente en la calle. La política de apertura a las importaciones, el aumento de tarifas y costos de producción y la caída del mercado interno complican el panorama, sobre todo a las pymes. El temor a quedar sin trabajo frente a los anuncios de más despidos, suspensiones y reducción de horas por parte de las empresas es funcional para contener los reclamos de una mayor recomposición salarial: se prefiere perder poder adquisitivo, y hasta perder derechos, que quedar marginado del mercado laboral.
Por último, la ofensiva contra el sindicalismo, publicitada como la lucha moral contra un grupo de corruptos dirigentes, muchos de los cuales fueron hasta hace poco aliados del gobierno nacional, está destinada a minar la credibilidad de su representación y su fuerza para resistir la implementación de esta política económica. Esto tampoco es una novedad, pero tiene una sistematicidad y amplitud que es inédita, lo que deja aún más desamparados a los trabajadores.
Lo peor de este escenario, donde la industria nacional no repunta, el desempleo crece y la calidad de vida de la mayoría de la población empeora, es que no se trata de efectos indeseados de la política económica, sino que son consecuencias esperadas de un modelo harto conocido en nuestro país. Por tanto, debemos unir fuerzas para defender la producción nacional y a los trabajadores, con el fin de construir una alternativa política progresista que pueda hacer frente a esta nueva escalada neoliberal.
(*) Secretario general Partido Solidaridad e Igualdad
