El defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, solicitó este jueves que “no se considere la propuesta tarifaria en la forma solicitada por la empresa Litoral Gas”, de un 54 por ciento para abril de 2018, ya que ésta no considera la situación socioeconómica de los usuarios y la evolución de salarios y de la economía en general. Reiteró la falta de obras de importancia para la operatividad del sistema y pidió tarifas especiales para las subdistribuidoras provinciales de carácter público, además de una definición del gas en garrafa como servicio esencial. Y también propuso como alternativa “que se valore aplicar en el tarifario el llamado amesetamiento en las facturas, es decir que bimestralmente se pague el promedio del gas consumido en el año para amortiguar el consumo de invierno, sin costos administrativos a los usuarios”. El ombudsman participó a través de teleconferencia en la audiencia pública convocada por el Ente Regulador del Gas (Enargás).
Lamberto destacó que la Defensoría del Pueblo participó este miércoles en la audiencia pública celebrada en San Miguel de Tucumán para tratar incrementos tarifarios para el transporte de gas. Allí dejó sentado “que el transporte de gas natural debe ser considerado una auténtica política de Estado, que no puede ser exclusivamente financiado por los usuarios a través de la tarifa”.
Al referirse puntualmente al aumento solicitado por Litoral Gas en concepto de distribución explicó que la empresa, sobre la base de un mecanismo no automático de adecuación semestral según el índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) publicados por Indec, pidió una actualización del 7,62 por ciento sobre la totalidad del aumento aprobado por la Revisión Tarifaria Integral (RTI), ya que en este período se aplica el tercer y último tramo del mismo.
“En este caso la fórmula de la distribuidora sólo contempla la variación de precios mayoristas, lo que no se condice con lo resuelto oportunamente por el propio Enargás. Deben tenerse en cuenta, para cualquier actualización tarifaria, la realidad socieconómica de los usuarios, la evolución de salarios y de la economía en general. Una vez más reiteramos que el costo de los servicios públicos y demás gastos deben ser afrontados por una única persona, el usuario”, reiteró Lamberto durante su exposición.
El defensor del Pueblo santafesino también indicó que Litoral Gas solicita una compensación por el escalonamiento tarifario, es decir por la aplicación en tres tramos del incremento previsto anteriormente. “No debe considerarse tal pretensión dado que en ningún momento se puso a consideración de los usuarios la división del aumento de la RTI en tres partes y que esa disposición de la autoridad de aplicación conllevaría un costo para todos los usuarios”, sentenció Lamberto.
Lamberto también resaltó que para la provincia de Santa Fe “no estando previstas obras de expansión de relevancia en el plan de obras obligatorias de la licenciataria, por lo que la propia provincia, con fondos provinciales, resolvió llevar a delante un gasoducto en la colectora de la ruta 1° para llevar suministro a Colastiné y Rincón, para luego explotarlo por Enerfe como subdistribuidora”.
