Por Silvia Augsburger
Una marea verde recorre por estos días la agenda pública de todo el país. El próximo 6 de marzo, la Campaña nacional por el derecho al aborto presentará por séptima vez el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que elaboramos colectivamente las más de 350 organizaciones sociales, de mujeres, gremiales, políticas y profesionales que conformamos la Campaña, y por el cual, de transformarse en ley, la interrupción de un embarazo será legal hasta la semana 14 de gestación por la sola decisión de la mujer, y también será legal interrumpir un embarazo cuando se den las actuales causales de no punibilidad, es decir cuando el embarazo sea producto de una violación o cuando haya riesgo de salud o vida para la mujer.
Hace ya casi diez años, en mayo de 2008, tuve la responsabilidad como diputada nacional de encabezar el proyecto de la Campaña que en ese año presentamos por primera vez, con 22 firmas de diputadas y diputados de diferentes bloques y que sistemáticamente fue perdiendo, cada dos años, estado parlamentario por la falta de voluntad de tratamiento de las mayorías en el Congreso. Durante los 10 años transcurridos, las organizaciones hemos trabajado incansablemente para lograr que se abra el debate en el parlamento. La creciente, hoy ya mayoritaria, conciencia social a favor de este debate es nuestro gran triunfo y la que habilita el postergado e indispensable tratamiento de la legalización del aborto.
Ante la inminente discusión parlamentaria queremos insistir una vez más, frente al remanido y falaz argumento de la defensa de la vida desde la concepción sostenido por quienes durante estos diez años se han opuesto al debate, que lo que el parlamento va a debatir no se trata del debate científico y filosófico del momento en que se inicia la vida de un nuevo ser humano, sino cuál es la respuesta que el Estado debe dar a una mujer que interrumpe su embarazo. Para aquellos que sostienen que una mujer que aborta es una delincuente, una criminal, la respuesta del Estado debe ser penarla, como actualmente lo establece el Código Penal. Para quienes sostenemos que una mujer que aborta requiere la atención del Estado, es necesario legalizarlo para que esa mujer pueda acceder a educación sexual integral si no accedió a ese derecho; para que acceda a métodos anticonceptivos si no los tuvo; para que pueda interrumpir su embarazo en condiciones seguras, y que sea contenida si ha sido violada o abusada o si ese embarazo pone en riesgo su salud o su vida.
La defensa de la vida desde la concepción es parte de los compromisos asumidos por nuestro país en los tratados de derechos humanos suscriptos e incorporados a nuestra constitución nacional. Pero no es con el Código Penal con el que se defiende la vida, sino con políticas públicas activas impulsadas desde los tres poderes del Estado para garantizar a todas y a todos los habitantes de nuestro país los derechos sexuales y reproductivos que también son derechos humanos incorporados a nuestro texto constitucional. Derechos que se garantizan con educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país y con acceso a anticoncepción gratuita, únicas y probadas estrategias de prevención del abuso sexual infantil, del embarazo adolescente y de evitar que niñas de muy corta edad se transformen en madres poniendo en riesgo su salud y su vida.
La experiencia de los países donde hace muchos años que el aborto es legal muestran que no sólo no hay muertes por abortos inseguros, sino que las cifras de esta práctica disminuyen notablemente al legalizarse, siendo el ejemplo más claro y cercano lo acontecido en Uruguay. Del otro lado, los países que, como el nuestro, sostienen la penalización del aborto no solamente violan los derechos humanos de las mujeres que mueren como consecuencia de abortos inseguros, mujeres siempre jóvenes, siempre sanas y siempre pobres, sino que demuestran que la criminalización del aborto no impide que las mujeres lo realicen, cualquiera sea la circunstancia en que se encuentren.
Durante décadas los sectores opuestos a la legalización del aborto han obturado el debate parlamentario. Hoy decimos con una enorme satisfacción que hemos producido un enorme avance: el 1° de marzo se abre un nuevo período de sesiones y el proyecto de la Campaña nacional empezará a discutirse en comisiones, lo que significará que el Congreso Nacional empezará a tratar la legalización del aborto en nuestro país. Y la marea verde será imparable.
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Diputada provincial. Igualdad y Participación. Integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y de la comisión redactora que elaboró el proyecto de Ley de “Interrupción Voluntaria del Embarazo» presentado en el Congreso
