El concejal de Cambiemos Carlos Cardozo presentó un proyecto de ordenanza en donde se fijan sanciones para los funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal que no contesten en tiempo y forma los pedidos de informes aprobados por el Concejo Municipal, “ya que más del 50% de las comunicaciones aprobadas por el cuerpo legislativo de la ciudad no tienen respuesta alguna por parte de la intendencia y muchas otras llegan con un retraso que muchas veces las transforma en inocuas”.
La iniciativa, que se inspira en un proyecto que no tuvo tratamiento en comisiones y perdió estado parlamentario oportunamente ingresado por la ex concejala de Cambiemos María Julia Bonifacio, prevé multas de hasta 1000 UF (Unidad Fiscal fijada por el Gobierno de Santa Fe en base al precio delas naftas) en el caso de la primera falta y, en caso de no ser respondido el mismo pedido de informes la multa al municipio puede llegar a las 2000 UF, de las que se hará cargo el Ejecutivo.
También se propone que lo recaudado por esas sanciones se sume al Fondo de Discapacidad que administra la Municipalidad de Rosario, para gestionar programas de inclusión en favor de las personas con discapacidad.
Del mismo modo se prevé la creación de un Registro de Solicitudes de Informes que será establecida en cada comisión legislativa donde deberá fijarse la fecha de envío y recepción por parte del organismo, la autoridad a la que se deriva y los plazos acordados para las respuestas.
“El artículo 40 de la Ley Orgánica de Municipios 2756 dice que entre las atribuciones del intendente municipal se encuentra suministrar verbalmente, o por escrito, por sí o por medio de los secretarios, los informes que le pueda requerir el Concejo y si esa función no se cumple o se cumple de manera deficiente consideramos que deben ajustarse los mecanismos para dar cumplimiento a la normativa vigente”, indicó Cardozo en los fundamentos de la presentación.
“Así como el incumplimiento de ordenanzas genera una sanción económica (lo que sucedió en el caso de la negativa del municipio a cumplir la normativa que obligaba a instalar un cementerio y guardería de mascotas, el que finalmente hoy se está construyendo en parte por la aplicación de la multa), pensamos que también debe generarse una pena económica para la falta de respuestas a los pedidos de informes”, concluyó el edil de Cambiemos.
