La concejala de Iniciativa Popular (IP) María Fernanda Gigliani cuestionó este miércoles el funcionamiento de los food trucks en Rosario porque, según dijo, no cumplen con la normativa vigente.
La nueva modalidad de negocio gastronómico fue posible en la ciudad a partir de la sanción de la Ordenanza 9444/15 de 2015 y comenzó a implementarse en septiembre de 2017 con la instalación de los tres primeros emprendimientos en espacios públicos del Parque Sunchales.
En 2015, el concejo Municipal de Rosario, con el objetivo –según consta en los considerando del proyecto– de dar respuesta a la fuerte demanda de comida sana, económica, de calidad, y adaptándose a las condiciones de rapidez con la que se mueve la vida moderna, aprobó una nueva modalidad de comercio de alimentos en la vía pública, los food trucks.
Los food trucks a diferencia de cualquier otro puesto callejero de venta de alimentos procesados, debían ser emprendimientos de cocineros y chefs calificados, que con limitaciones para poder llevar adelante la apertura de un comercio gastronómico, a modo de restaurant, por los excesivos costos que esto implica, encontrarían en los food trucks, una nueva herramienta laboral genuina con una inversión dineraria, más a su alcance.
“En esta oferta novedosa que apuntaba a ser una oportunidad para nuevos emprendedores, podemos observar en la actualidad, que muchas de las unidades habilitadas, en forma permanente, son sucursales de comercios gastronómicos ya instalados en la ciudad, y que cuentan con una carta alimentaria que dista mucho de lo originalmente planteado. En casi la totalidad de estos camiones de comida «gourmet», sólo podemos encontrar, hamburguesas, papas fritas, panchos, pizzas, milanesas, en otras palabras que puede considerarse comida no saludable”, explicó la concejala Gigliani.
“Otro punto que nos llamó la atención es la precariedad de algunas de sus instalaciones. La ordenanza y el decreto que los reglamenta, consignaban que estas unidades debían ser alimentadas con energía limpia a través del tendido eléctrico público o a través de generadores que se instalaban para tal fin. En realidad hoy observamos que la totalidad de unidades habilitadas lo están haciendo de a través de improvisadas conexiones de gas envasado”, comentó la edila de IP.
“Observamos también que actualmente algunas de estas unidades se presentan más como unidades de publicidad móviles de grandes marcas que como una oferta gastronómica alternativa de nuevos emprendedores gastronómicos”, abundó Gigliani.
“Si bien nosotros en su momento, no acompañamos este proyecto, nos interesa que las ordenanzas que son debatidas y aprobadas, luego se cumplan. Y en esto de la función de control que nos cabe como Concejo Municipal hemos advertido que aparecen una serie de transgresiones que creemos desvirtúan los objetivos que originalmente motivaron las creación de esta nueva oferta gastronómica para la ciudad”, dijo Gigliani.
“Por lo tanto pusimos en consideración un pedido de informe: queremos saber la nómina de titulares, indicando en cada una de las unidades habilitadas identificando a el/la titular que posee la formación en gastronomía; cómo se lleva adelante la regulación de la oferta alimentaria «gourmet» en cada unidad y si se observa la diversidad dentro de la totalidad; queremos que la intendencia nos responda quien autorizó este cambio de modalidad en la alimentación de energía contemplado en la ordenanza y en el decreto reglamentario; si se está llevando adelante la fiscalización sobre la rotación de todos los puntos geográficos establecidos en la ordenanza y si las unidades que utilizan sus vehículos como un medio de publicidad móvil en la vía pública, abonan un canon”, finalizó la edila de Iniciativa Popular.
