Por Natalin Posadas Liaudat (*)
El comienzo del año 2000 representó para América Latina una serie de cambios que repercutieron en el papel de la integración regional.
El periodo benevolente hacia las reformas neoliberales había llegado a su fin y, en consecuencia, también la concepción de integración como vehículo de estas reformas.
Este contexto propició la apertura de un nuevo ciclo político caracterizado por la asunción de gobiernos progresistas.
En clara oposición a sus predecesores, los nuevos gobiernos descartaron las políticas que favorecían la acción autónoma del mercado para restablecer el protagonismo de los actores estatales como promotores del desarrollo.
Gobiernos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina o Evo Morales en Bolivia, encarnaron los ideales progresistas y redefinieron la integración hacia el servicio del “Estado desarrollista”.
La nueva ola de integración se posicionó como un “después” del modelo de los 90.
Las cuestiones económicas y comerciales dejaron de ser prioritarias, y la agenda de la integración comenzó a centrarse en los aspectos políticos, en el impulso de mecanismos de integración productiva y en la búsqueda de vías de aceptación social de los procesos de integración.
Bajo esta óptica, surgieron nuevos bloques regionales con gran activismo en sus comienzos, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).
La repolitización de los procesos de integración parecía ser el modelo predominante entre los bloques regionales.
Pero en la heterogeneidad que caracterizaba a América Latina, existía un grupo de países que eligieron no abandonar la estrategia de desarrollo neoliberal e intentar revitalizar el modelo de integración de los 90.
Chile, Colombia, México y Perú, mediante la firma de la Declaración de Lima, consagraron el surgimiento de la Alianza del Pacífico (AP) en 2011.
Sin muchas expectativas de continuidad ante un escenario con posturas definidas en torno a la integración y con liderazgos que habían marcado un hito en la historia integracionista, los miembros del nuevo bloque mantuvieron e incluso profundizaron sus políticas orientadas al libre mercado.
La AP se adaptó a las transformaciones en la producción y el comercio internacional del siglo XXI y formuló su principal objetivo en función a ello: convertirse en una plataforma de articulación política, de integración económica y comercial con énfasis en la región Asia-Pacífico.
La AP consideraba a esta región como la clave para mejorar la posición de sus productos y la competencia de sus empresas en el mercado mundial.
Sus miembros comprendieron que en el Asia-Pacifico se encontraban las principales redes de producción internacional, y que su inserción en la economía mundial debía comenzar allí para llegar a todo el globo.
Los impulsos económicos de la AP sólo parecían ser detenidos por su predilección hacia las economías desarrolladas y el mundo occidental.
Traducido en acciones, el acompañamiento selectivo a las políticas de Estados Unidos, como la participación de Chile, Perú y México en el Acuerdo Transpacífico (TPP), considerado como una estrategia de Estados Unidos para contrarrestar la competencia económica de China y para ampliar su influencia en esa región.
A pesar de que el gigante asiático era uno de los principales socios económicos de la mayoría de los miembros de la AP, en cuestiones políticas elegían suavizar el pragmatismo y comportarse como “periferia moderna”.
Actualmente, las acciones de la AP se encuentran restringidas por la coyuntura inmediata a nivel internacional, caracterizada por la incertidumbre y cambios en el proceso de globalización actual.
La llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos interpela la estrecha relación de los estados de la AP con el país del norte, y pone en cuestión la vigencia de los tratados de libre comercio firmados en los 90 y en la década pasada.
A pesar de este contexto, es posible hacer tres lecturas sobre las implicancias de este bloque.
Desde una mirada optimista, la AP podría convertirse en el nexo comercial de América Latina con el Asía-Pacífico.
Otra, más realista, es que sus iniciativas de integración, en su mayoría de carácter económico, podrían convertir a las empresas trasnacionales en los principales protagonistas de un proceso de integración latinoamericano.
Finalmente, la AP puede ser considerada como una reminiscencia del modelo de los 90, aunque con acciones e iniciativas que abarcan una agenda económica y comercial más amplia que aquel modelo.
Habrá que esperar para poder medir el éxito de este enfoque de integración que, hasta el momento, parece sumar mayores partidarios con la llegada de gobiernos liberal-conservadores en la región y con los más de 50 estados que participan en calidad de Observadores.
(*) Alumna avanzada de la Carrera de RRII de la facultada de Ciencia Política y RRII – UNR. Introducción de la investigación de la tesina de grado.
