El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), sugirió que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria a 96 condenados por crímenes de lesa humanidad mayores de 70 años entre quienes se encuentran Jorge «El Tigre» Acosta y otros marinos que integraron el grupo de tareas que actuó en la Esma: Raúl Guglielminetti; Julio Simón «El Turco Julian»; el ex capellán Cristian Von Wernich y el ex fiscal Gustavo Demarchi, todos condenados a prisión perpetua y todos integrantes de una de las ocho listas que contienen los nombres de 1.111 reclusos que están en condiciones de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria o incluso a la libertad condicional.
El director general de Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal Argentinio, Fernando Martínez, envió las listas el 31 de enero pasado al juez de Casación federal Gustavo Hornos, quien preside el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de los penales. Sin embargo, la noticia recién trascendió ahora.
Entre los ex represores convictos también se encuentran Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda (tío de la diputada nacional Victoria Donda), miembros, como Acosta, del GT.3.3.2 que tuvo como base la Esma.
Martínez remitió esos listados junto a la nota Nº 309/17 en respuesta al pedido que a fines de 2016 le hizo la Corte Suprema al ministro Germán Garavano para que solucionara el hacinamiento en las cárceles federales.
Según datos oficiales del SPF, actualmente hay 11.994 personas detenidas en cárceles federales, cuando la capacidad de es de 11.577 reclusos.
Además de las lista de penados por delitos de lesa humanidad, hay otras siete de internos comunes mayores de 70 años (46 presos); internos autopercibidos como gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales (Lgtbi, 106 reclusos); discapacitados (70); internas alojadas con hijos de hasta 10 años (421), e internas embarazadas (25), e internos que cumplieron el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional (347).
Se trata de personas condenas mayormente por delitos vinculados con el narcotráfico, pero también hay casos de homicidios (25), abusos sexuales (31), violaciones, corrupción de menores, secuestros y robos.
Según Infobae, un funcionario del gobierno nacional «que trabaja en el tema» defendió la pertinencia de la medida: «Tenemos reuniones con jueces desde enero de 2016 para informarles quiénes son los presos que están en condiciones de acceder a la pulsera electrónica. Ese listado se va actualizando y el objetivo es descomprimir la superpoblación que hay en las cárceles y lograr una mejor reinserción del detenido, porque quien tiene pulsera electrónica cuenta con un asistente social y un psicólogo que los asiste».
Según el mismo medio, entre los jueces hay enojo con el gobierno: «Nos quieren pasar a nosotros el problema de la superpoblación cuando es de ellos. Tomaron medidas que generaron más detenidos, como la ley de flagrancia», explicó uno. «El mismo gobierno que nos putea y nos amenaza con un juicio político por liberar a violadores nos pide que liberemos violadores», citó Infobae a un juez, sin revelar la fuente.
