La estafa con depósitos judiciales que derivó en un escándalo en Tribunales, en el año 2012, sigue dando tela para cortar aunque no logran que llegue a juicio. La acusación está presentada desde febrero de 2017 pero los planteos siguen. En esta oportunidad el ex secretario del Juzgado de Distrito Civil y Comercial N° 17, por entonces a cargo del destituido juez Alejandro Martín, pelea por una probation denegada. El caso llegó a la Corte, que dispuso la revisión del planteo por un nuevo tribunal en la Cámara Penal. La audiencia tuvo lugar este miércoles, aunque pasó a un cuarto intermedio para resolver el tema.
En febrero de 2017 el fiscal Carlos Covani solicitó elevar a juicio una investigación penal sobre una asociación ilícita integrada por profesionales que se dedicaban a utilizar su estatus para vaciar cuentas judiciales depositadas en el Banco de Santa Fe y el Municipal.
Un informe de ésta última entidad destapó la defraudación en la que terminaron involucrados el destituido juez Alejandro Martín y el martillero público Oscar Kovalevski como cabecillas de una asociación ilícita en la que participaban el secretario de Martín, Ricardo Lavaca, el ex juez Norberto Scavone y el empleado bancario Tomás Martínez Etchenique, según la investigación.
En el relevamiento bancario detectaron más de 50 oficios emitidos por el juzgado a cargo de Martín por más de un millón de pesos. En su mayoría esas cifras fueron retiradas por el martillero y los abogados Jorge Heter y Luciano García Montaño –condenados en un juicio abreviado a las penas de tres años de prisión en suspenso, y cinco y siete años de inhabilitación para ejercer la profesión sucesivamente– quienes devolvieron parte del dinero.
Para la Fiscalía las estafas llegaron a 88, de las cuales 33 se produjeron desde el Juzgado de Distrito Civil y Comercial N° 1, entonces a cargo del juez Scavone, quien al momento de su imputación estaba jubilado. El resto de las defraudaciones se realizaron desde el Juzgado a cargo de Martín, explicaron. La acusación respalda su teoría en los expedientes dónde figuraban las cuentas judiciales inmovilizadas y la documentación que acredita maniobras para retirar el dinero con una orden judicial.
Antes de la acusación, el ex secretario Ricardo Lavaca –cesanteado por la Corte Suprema de Justicia– pidió la suspensión del juicio a prueba –para los partícipes de la asociación la pena en expectativa va de 3 a 10 años, mientras que para los organizadores el mínimo es de 5 años– pero obtuvo un dictamen negativo por parte del fiscal Covani y fue rechazado por la entonces jueza de instrucción Alejandra Rodenas.
La defensa de Lavaca apeló y el caso llego a la Cámara Penal. Allí el vocal Alfredo Ivaldi Artacho rechazó el planteo pero por argumentos diferentes a los de la jueza. Dijo que el recurso estaba mal concedido y entendió que el rechazo de un pedido de suspensión del juicio a prueba no resulta apelable ya que no puede equipararse a una sentencia definitiva, y tampoco causa un gravamen irreparable.
Pero la Corte no compartió el criterio, tuvo en cuenta que es un caso del sistema conclusional que se rige con las normas anteriores a la reforma y por ende procede el recurso apelación.
Con este criterio decidieron enviar el caso a un nuevo tribunal de Cámara para que lo resuelva. La revisión tuvo lugar este miércoles, cuando se realizó una audiencia oral presidida por la vocal Gabriela Sansó, que escuchó las quejas de la defensa de Lavaca. Pero la camarista dispuso un cuarto intermedio para evaluar su decisión, que en caso de hacer lugar al probation, dejaría al secretario fuera del juicio oral.
