La justicia dictó este lunes prisión preventiva por 45 días a un policía federal y a una mujer, ambos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Gustavo Ponce Asahad por las amenazas calificadas que sufrieron a traves de Whatsapp cientos de referentes de derechos humanos y sociales. En la causa había otros tres rosarinos demorados que quedaron en libertad.
El fiscal había explicado que “se ha utilizado cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un acto de extrema gravedad. La inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el Estado constitucional de derecho. Esto es, que la inteligencia la realiza el Estado”.
“No puedo asegurar que son grupos organizados a priori. Pero llama la atención la mecánica que han utilizado y cierto grado de inteligencia, lo cual para nosotros es un hecho de extrema gravedad, ya que la inteligencia debe ser legal dentro de los márgenes que impone el estado constitucional de derecho”, planteó el fiscal sobre esta probable organización proimpunidad.
El fiscal abundó sobre este concepto: “Es indudable que hay una tarea de inteligencia, porque se han creado grupos de Whatsapp a los cuales se han agregado números de personas que tienen que ver tanto en su calidad de denunciantes o querellantes de delitos de lesa humanidad; se han agregado funcionarios o magistrados del fuero federal que intervienen en esas causas que tramitan en la ciudad de Rosario, y también a dirigentes políticos, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, concejales mandatos cumplidos y funcionarios de esferas de la provincia”, enumeró.
Uno de los datos puntuales que permitió la identificación de los detenidos fue, precisamente, la titularidad de una de las líneas. “Los allanamientos en territorio bonaerense se realizaron porque se identificó al titular de la línea desde la cual partieron las amenazas calificadas que cercenaron la libertad y los derechos de las personas amenazadas. Dimos con el lugar, con el titular de la línea y secuestramos los teléfonos”, describió Asahad.
El jueves pasado se produjeron las detenciones por el hostigamiento, que fue a través de Whatsapp, una modalidad que recrudeció después de la marcha del 24 de marzo.
Uno de los allanamientos realizados por la PDI en conjunto con la Policía Federal se realizó en la zona de Pablo Podestá, localidad de 3 de Febrero del Gran Buenos Aires, donde se detuvo a Lucas S., quien se desempeña como agente de Policía Federal. El otro operativo fue en la localidad de Ensenada, donde se detuvo a Teresa C.
