La provincia de Santa Fe avanza en un proyecto de fabricación pública de Misoprostol, uno de los medicamentos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera esencial para la práctica de un aborto seguro. Lo hará a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado, más conocido como LIF, que cuenta con todas las capacidades técnicas para producirlo, según adelantó a El Ciudadano el coordinador de Salud Sexual y Reproductiva de Santa Fe. “Venimos trabajando desde 2014 y a fines del año pasado el proyecto empezó a caminar fuerte. Estamos viendo los aspectos técnicos, administrativos y de logística y hoy podemos decir que las gestiones están muy avanzadas”, agregó el funcionario provincial. La fabricación pública de misoprostol es una de las políticas de Estado incluidas en el proyecto de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que propone la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a partir de la despenalización del aborto bajo todas las causales hasta la semana 14. Junto con otras ocho iniciativas, el proyecto entró en debate este martes en las comisiones del Congreso Nacional.
Actualmente no existe en el país la fabricación pública de misoprostol y el laboratorio Beta tiene el monopolio de su producción y comercialización, es decir, fija el precio. La versión en comprimidos vaginales sólo es permitida por la ANMAT para uso exclusivo en instituciones hospitalarias con servicio de obstetricia y bajo ciertos controles. En farmacias sólo está disponible como un subcomponente del Oxaprost (diclofenac + misoprostol) que se vende bajo la forma de comprimidos para ser administrados por vía oral. En promedio cuesta 2800 pesos y la venta es bajo receta archivada.
Según explicó Llanos, el gobierno provincial conformó una mesa para tratar especialmente el tema de la producción pública de misoprostol. El equipo evalúa los aspectos técnicos para producirlo en el LIF porque el laboratorio cuenta con todas las condiciones para hacerlo. También trabajan en los aspectos administrativos y de logística. “Además de los elementos culturales y de salud que están en discusión en el debate de aborto legal, el tema de los insumos es muy importante. Hoy el misoprostol es esencial para garantizar los abortos no punibles en Argentina pero no lo produce el Estado. Consideramos que es un derecho y creemos en la política pública de producción de medicamentos públicos. El mercado no produce lo que no le genera beneficios, como hemos visto que pasa con ciertos medicamentos de tuberculosis. Pero eso es necesaria la producción estatal”, explicó el funcionario.
El misoprostol no es un medicamento desconocido para los médicos que trabajan en la salud pública de Santa Fe. En Rosario el municipio empezó a comprarlo en 2012 y un año después llegó al resto del territorio provincial. Hoy se consigue gratis en todos los centros de salud para la práctica de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que la ley argentina permite en caso de violación y riesgo de salud de la mujer. La aplicación de los protocolos de ILE y la compra de misoprostol por parte del municipio de Rosario fueron la receta para que desde 2012 la ciudad registre mortalidad cero de mujeres por abortos inseguros y clandestinos. En promedio se hacen 600 ILE anuales y no sólo se terminaron las muertes de mujeres, sino que no aumentaron ni disminuyeron la cantidad de abortos. Sí bajaron las internaciones. En 2016, de 550 interrupciones, sólo 169 necesitaron internación. Una década atrás todas las mujeres eran hospitalizadas.
La experiencia de la ciudad fue expuesta este martes en el Congreso Nacional como un caso testigo a la hora de pensar la despenalización del aborto. El secretario de Salud Pública, Leonardo Caruana, estuvo entre los 16 primeros invitados para hablar a favor del proyecto de la Campaña. Expuso las políticas llevadas adelante desde hace 30 años en la ciudad, que además de la ILE incluyeron la entrega de anticonceptivos para mujeres y varones, la baja en la tasa de embarazo adolescente y la implementación del parto respetado.
La droga política
El 5 de febrero a las 15.18 la actriz y comediante Señorita Bimbo dijo en Intrusos “misoprostol” y durante las horas siguientes la palabra fue la más buscada en Argentina en Google. Actualmente es una de las palabras que más se resuenan en las exposiciones de especialistas en el debate por el aborto legal en el Congreso Nacional. La iniciativa de la Campaña prevé que sea el Estado el responsable de la fabricación.
El medicamento que en su prospecto está indicado para problemas gástricos es una de las drogas que más revolucionó la salud de las mujeres. Sirve para abortar de forma segura y ambulatoria, es decir, en casa y sin pasar por un quirófano. El uso para terminar con embarazos no deseados fue un descubrimiento de las propias mujeres en la necesidad de encontrar soluciones ante estados que criminalizan la práctica del aborto y obligan a hacerlo en la clandestinidad. En 1986 Brasil aprobó su fabricación y comercialización para problemas gástricos. En el prospecto decía que no debían usarlo las embarazadas y el dato sirvió para que las mujeres probaran. Años después la OMS lo declaró esencial para la práctica de un aborto seguro ambulatorio. Un ejemplo similar pasó en Argentina con el uso del cannabis medicinal. Fueron las madres de niños con epilepsia y otras enfermedades las que en la clandestinidad cultivaron y demostraron que el aceite servía para calmar el dolor. La ciencia tomó el conocimiento desarrollado y lo sistematizó y el año pasado fue legislado en todo el país.
“El acceso al aborto con misoprostol es un gran avance para las mujeres porque no es una práctica riesgosa. Pero una de las cosas más interesantes es la capacidad de decidir dónde y cuándo abortar. Incluso en los hospitales públicos se indica hacerlo en casa. Esto nos permite atravesar un momento que es difícil, desde un lugar de soberanía, donde no hay una intervención externa sobre nuestro cuerpo”, explicó a este diario Pilar Escalante, integrante de Socorristas en Red Rosario.
