Por Luana Volnovich (*)
El gobierno nacional presentó el primer anteproyecto del nuevo Código de la Seguridad Social, donde se plasman una serie de principios que regirán el sistema de la seguridad social del futuro próximo. El Código promueve los aportes voluntarios de capitalización y el autofinanciamiento del sistema, y a su vez reactualiza una doctrina de la Corte Suprema de Justicia menemista que somete el derecho humano de la seguridad social a «la capacidad económica o financiera del país». Estos principios, combinados con la política de vaciamiento de la Ansés, nos acercan un poco más al congelamiento de las jubilaciones y a la vuelta de las AFJP.
El anteproyecto de Cambiemos, que pretender instituir un nuevo Código de la Seguridad Social, constituye un paso más en la preparación del proyecto de reforma del sistema previsional, que según manda la ley 27.260 conocida como «de Reparación Histórica», debe ser discutido por el Congreso antes del año 2019. Cabe aclarar que uno de los redactores de éste proyecto es el abogado Félix Loñ, quién fue asesor del dictador Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico militar. Sobre esto nada que agregar más que lo aberrante de tal designación.
Luego de dos años de medidas tendientes a desfinanciar los fondos de la seguridad social, que se van por la canaleta de los negocios financieros de Caputo, Blaquier y Basavilbaso; los funcionarios del gobierno ya avizoran dificultades en la capacidad de pago de las jubilaciones futuras y es por esta razón que comienzan a diseñar sistemas bajo la idea de que el ahorro voluntario y la capitalización individual constituyen la llave que permite sanear el sistema y lograr la tan ansiada autosustentabilidad económica.
Sumergidos en el fundamento privatista y liberal de la seguridad social, y enajenados de la propia historia reciente de nuestro país, entienden que la única forma de equilibrar los recursos del sistema, con el gasto originado en el pago de haberes, es reducir el sistema público de reparto e introducir mecanismos del mercado como es la capitalización individual.
Sin embargo, como la lógica lo indica y la experiencia histórica lo confirma, la implementación de un régimen con eje en la capitalización individual para los aportantes de altos ingresos lejos de promover el autofinanciamiento del régimen público (o sustentabilidad), no hace más que profundizar los desequilibrios existentes.
Los aportantes de altos ingresos comienzan a derivar sus contribuciones al sistema de capitalización individual, en tanto que en el sistema público quedan comprendidos los trabajadores de menores ingresos, más la totalidad de los jubilados que al momento el sistema ya se encuentra financiando. El resultado es claro: el sistema público pierde un importante flujo de financiamiento, con el cual atender las obligaciones previsionales existentes. Comienza así la implementación de un sistema multipilar que sólo conduce al descalabro del sistema público de reparto y agudiza el desequilibrio fiscal del Estado.
Así lo demostró la experiencia que vivió el país a partir del año 1994 y que se prolongó hasta la reestatización de las AFJP en el año 2008. Como indican investigaciones de la Cepal, en la Argentina, previamente a la implementación del régimen de AFJP el sistema público de reparto se autofinanciaba con aportes y contribuciones en un 70% y el 30% restante con impuestos. Cuando se reestatizaron las AFJP, la ecuación se había revertido, los aportes y contribuciones sólo alcanzaban el 30% de los recursos y el Estado debía atender el 70% restante. La reforma liberal sólo profundizó la crisis del sistema.
Detrás del discurso racionalizador se esconde la transferencia de ingresos hacia la esfera privada a través de una enorme masa de recursos destinada a operaciones financieras que generan el desmantelamiento del sistema previsional como herramienta de distribución de la riqueza y garantía de la inclusión y justicia social.
Existe un problema que atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema previsional y no reside el diseño del régimen público, sino en las políticas del gobierno que socavan la generación de empleo privado formal y de calidad. Desde que asumió Cambiemos, en la industria se destruyeron 60 mil puestos de trabajo formales, en tanto que el 70% del nuevo empleo que se generó fueron monotributistas. La contradicción del gobierno es insalvable… ¿Quieren promover la sustentabilidad del sistema previsional destruyendo empleo industrial y creando monotributistas?
La otra espada de Damocles del sistema es la baja de las contribuciones patronales dispuesta por la ley 27.430 de Reforma Tributaria, que estableció mínimos no imponibles a partir de los cuáles los patrones comienzan a pagar contribuciones. Se trata de un subsidio de la Ansés a las empresas, es decir los trabajadores y jubilados estamos subsidiando a los empresarios.
En síntesis, la falta de trabajo y la rebaja de las cargas patronales generan un agujero en las finanzas del sistema previsional.
No se pueden tener resultados exitosos si se aplican las mismas políticas que condujeron al desastre. El Estado debe proteger a su población. La suerte y las esperanzas de la gente no pueden quedar confinadas a una planilla de Excel que indique quién queda adentro y quién afuera de la cobertura por cuestiones de racionalidad privada empresaria.
(*) Diputada nacional de Unidad Ciudadana
