La ley nacional de desfederalización (26.052) es conocida como la ley del narcomenudeo y fue sancionada en 2005. Esta norma deriva en la Justicia provincial perseguir, juzgar y reprimir el tráfico de drogas de baja escala. Hasta el momento, hay cinco provincias adheridas: Córdoba, Chaco, Salta, provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, cuyo Poder Legislativo aceptó la adhesión el 14 de marzo pasado. También se mostró a favor La Rioja pero no tuvo implementación por la falta del envío de fondos de parte del Estado nacional. En Santa Fe, el gobierno impulsa el debate sobre la adhesión a ley de narcomenudeo mientras que las posturas son divididas en el Poder Legislativo y en el Judicial, que incluye tanto a nivel provincial como federal.
La ley de desfederalización tuvo media sanción en la última sesión ordinaria del Senado provincial, el 30 noviembre pasado, y fue impulsada por el legislador de la UCR Lisandro Enrico. La simpatía no es la misma en Diputados, que cuenta con las posiciones divididas tanto en el oficialismo como en la oposición.
El fiscal federal Adolfo Villatte dijo a El Ciudadano que la desfederalización es perjudicial porque su función es fragmentar el sistema de la competencia federal, ya que éste excede las injerencias de las provincias: “En una investigación, la Justicia federal puede abarcar más de dos provincias y al fraccionarla genera una falta también en el entrecruzamiento de información”.
“Las estructuras federales son las mismas desde el año 79, no ha habido aportes de recursos para realizar una reestructuración que permitan investigar lo suficientemente bien”, dijo el ex titular de la Procunar, para agregar que “en la Justicia provincial los fiscales ya están colapsados para que se le sumen la competencia en casos menores de drogas”. Villatte consideró que esta ley “será funcional al narcotráfico ya que al desfederalizar se investiga a pequeñas comarcas o guetos y se fracciona la investigación, lo que lleva a que no haya intercambio de los datos de las causas complejas y que abarcan lo interprovincial”.
Otro punto que resaltó fueron los celos con respecto al manejo de la información: “Hay un interés en controlar qué se investiga y qué no porque a veces existe un contacto con el poder político. Entonces, no es bueno que la competencia federal no tenga autonomía”.
Para el penalista José Nanni la decisión de adherir a la ley de desfederalización sería recargar a la Justicia provincial. El defensor apeló a su experiencia para indicar que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) está desbordado de causas para hacerse cargo de las investigaciones que tienen que ver con delitos de narcomenudeo. “En grandes ciudades como Rosario es sobrecargar de trabajo al sistema provincial. Entonces tapás un agujero y el agua te entra por otro. Con la derogación por parte de la Legislatura del artículo 14 (que pena tenencia simple y para consumo), dejaría espacio para que la Justicia federal pudiera abordar las causas más importantes en narcocriminalidad y poner todos los recursos ahí”.
El diputado por el Frente Social y Popular Carlos Del Frade fue enfático en rechazar la ley de desfederalización. “Lo que se demostró fue que en cada una de las provincias que se puso en práctica la ley sólo aumentó el número de mujeres presas y el negocio del narcotráfico se duplicó”.
Del Frade explicó que muchas madres solteras que son sostén del hogar terminan siendo los últimos eslabones de la cadena: “Son mujeres desesperadas donde la única opción laboral que les queda es la venta de drogas. En las provincias que se adhirieron a la ley se puede ver un aumento de madres en las cárceles. Entonces, castigás por abajo y liberás el tráfico de cocaína para arriba. Siempre los que caen son los títeres, nunca los titiriteros”.
“En Diputados hay un consenso para no tratar el proyecto porque estamos convencidos de que es un retroceso”, concluyó Del Frade sobre la media sanción.
