Los ataques a balazos contra frentes de viviendas son comunes en los barrios, una manera de amedrentar que asumen las bandas como modalidad. Pero en más de un oportunidad, los tiradores se atrevieron contra importantes funcionarios o abogados.
El 11 de octubre de 2013 la casa Bonfatti, en Gallo y Darragueira, fue baleada por los ocupantes de dos motos que dispararon armas calibre 9 y 11.25 contra el frente. Adentro estaban el funcionario, su esposa y una empleada doméstica que salieron ilesos. Dos semanas después, la comisaria 10ª fue allanada en el marco de la causa. En un Ford Fiesta estacionado en el patio de la seccional encontraron un pistola calibre 11.25 con un cargador y un cartucho, más una vaina servida en el interior de una bolsa. Uno de los policías que estaba de guardia era Pablo Espíndola y las sospechas crecieron. Al principio lo habían imputado de participar en la organización. El arma secuestrada en su auto al momento de su detención en diciembre de 2013 fue definitivamente un fierro caliente. La pericia balística determinó que era una de las armas utilizadas en el ataque a la casa de Bonfatti. El juez de sentencia Ismael Manfrín lo condenó a 6 años de prisión por encubrimiento agravado por ánimo de lucro: quiso vender el arma en 4 mil pesos, según una escucha telefónica; y por tratarse de un funcionario público. También incluyó la tentativa de robo calificado a la mujer, portación de arma de guerra y uso de documento público falso: tenía una credencial policial apócrifa que mostró al momento de su detención.
El juez hizo una fuerte crítica al poco monto de pena solicitado por la Fiscalía en aquel momento, al que debió ceñirse por cuestiones legales, y fijó la condena solicitada por la querella. El fallo fue apelado, pero los vocales José Luis Mascali, Carolina Hernández y Carina Lurati confirmaron la pena.
La Cámara coincidió en que hubo un doble accionar delictual de Espíndola. Además del ocultamiento del arma, sabiendo su origen ilícito, hubo elementos que acreditaron el encubrimiento. Además quiso sacarle un rédito económico a la venta del arma.
Si bien al momento del hecho estaba en disponibilidad, los camaristas confirmaron la calificación de encubrimiento agravado por su función o cargo ya que no estaba exonerado. De hecho, había mostrado la credencial policial cuando lo detuvieron.
Ema Pimpi Sandoval fue el único condenado por el ataque a la casa del entonces gobernador. Admitió su participación como instigador en el ataque y acordó una sanción de 3 años y 6 meses de cárcel. Sandoval prestó su consentimiento en una audiencia oral presidida por el juez Ismael Manfrín, que homologó el acuerdo en febrero de 2016. La pena incluye tres causas. La primera por el atentado que sufrió la casa de Bonfatti, que encierra los delitos de amenazas agravadas por el anonimato y el uso de arma de fuego, abuso de arma y daño simple. La segunda por abuso de armas y lesiones graves a finales de octubre de 2011, cuando baleó en una rodilla a Gustavo I. Y la tercera, una condena anterior a 3 años por abuso de armas y portación. Sandoval pasó dos años y cinco meses detenido y tras la homologación logró la libertad condicional.
Bodouret
El 29 de mayo de 2016, el abogado Jorge Bedouret, que entonces tenía de 65 años, recibió 7 balazos por dos desconocidos que lo citaron al mediodía haciéndose pasar por clientes en Ovidio Lagos (ruta 18) y la vía del ferrocarril. El abogado negó que el ataque haya sido perpetrado por alguno de sus clientes, como por ejemplo la banda de los Monos. Los disparos le provocaron heridas en una pierna y un brazo que no pusieron en riesgo su vida.
Según contó la víctima, fue emboscada en Ovidio Lagos (ruta 18) y la vía del ferrocarril –lugar señalizado como Cabildo y camino comunal–, unos tres kilómetros al sur del surtidor, lo que fue confirmado por allegados al estudio de Bedouret, que vive en la localidad de Funes. “Fue justo frente a un motel pero no es verdad que saliera de allí. En realidad ocurrió del otro lado de la 18, cuando aminoró la velocidad para girar y subir a la ruta y se le aparecieron dos tipos que quisieron asaltarlo. Él aceleró y ahí le tiraron. Venía de encontrarse con un cliente y no llevaba plata encima, sólo unos pocos pesos”, dijo un allegado a Bedouret.
Otro oscuro ataque
En la tarde del 7 de septiembre de 2012 el penalista Alberto Tortajada, entonces de 71 años, fue atacado a tiros al ingresar al edificio de su estudio jurídico ubicado en Montevideo al 2000, frente a los Tribunales provinciales. El tirador lo había contactado vía telefónica y la víctima quedó en encontrarse con él: le abrió la puerta y el desconocido sacó un arma y le disparó cuatro veces mientras el letrado estaba al pie del ascensor.
Salvó su vida de milagro. Por la tentativa de homicidio está procesado como autor material Pablo Peralta, un sindicado sicario que a la vez está encausado por el crimen de un policía, y como autores intelectuales Antonio y José Iborra, empresarios farmacéuticos. Según surge de la pesquisa, los Iborra eran dueños de la farmacia Lingua, pero la farmacéutica estaba a punto de perder la casa por malos negocios. Tortajada era defensor de esta mujer y avisó que no lo permitiría. En tanto, Bedouret fue abogado del menor de los Iborra.
