Hace una semana y a pedido del Servicio Penitenciario (SP) provincial, el Tribunal Oral Federal N° 3 dispuso el traslado de Ariel Máximo “Guille” Cantero y Jorge “Ema” Chamorro a una cárcel federal. La decisión fue resistida por la defensa de los imputados, que presentó un habeas corpus en la Justicia santafesina para evitar el cambio de prisión. Veinticuatro horas después de la resolución se llevó a cabo, en el nuevo Centro de Justicia Penal, una audiencia oral donde el juez provincial José Luis Suárez rechazó la acción, aunque instó al SP a suspender por 5 días hábiles el traslado, mientras la defensa pone en conocimiento de tribunal federal –recientemente creado– los pormenores del caso. La directora de Relaciones Institucionales del SP, Lucía Masneri, aseguró que Santa Fe tiene un convenio que autorizaba 50 presos federales en cárceles provinciales. Ese número se extendió a 100 y actualmente hay 600 detenidos en esas condiciones. “Son la causa de la sobrepoblación y el hacinamiento”, aseguró. Este hecho, es decir el traslado de los cabecillas de Los Monos al sur, sería la causa que motivó la balacera intimidatoria contra dos viviendas que habían sido habitadas por el juez Ismael Manfrín, uno de los integrantes del tribunal que dictó las condenas.
El jueves pasado, el Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario dispuso, a pedido del Servicio Penitenciario de Santa Fe, el traslado de dos condenados, integrantes de la llamada banda de Los Monos. Se trata de Ariel Cantero, alias Guille, condenado a 22 años de cárcel como jefe de una asociación ilícita y autor de homicidio de Diego “Tarta” Demarre, en mayo de 2013, mientras que Jorge Chamorro, conocido como Ema, deberá purgar 12 años por ser miembro de esa asociación ilícita y partícipe secundario del crimen de Tarta.
Ambos además enfrentan una causa en la justicia federal conocida como Los Patrones, que se inició tras sus detenciones, ocurridas en 2013. Se los acusa de encabezar, vía telefónica desde la cárcel de Piñero, una organización dedicada al tráfico de estupefacientes cuyo accionar fue desbaratado en noviembre de 2015. Con anclaje en esta cuestión el SP planteó el traslado y logró el visto bueno del Tribunal Oral Federal N º 3. La respuesta de la defensa fue un habeas corpus en la Justicia provincial.
Los abogados Fausto Yrure y Carlos Varela se quejaron de “nuevo intento del Servicio Penitenciario de sacarse de encima” a sus clientes. Dijeron que desde que están presos tuvieron que presentar casi una decena de habeas corpus para evitar los embates del SP. Afirmaron que la única vez que se hizo lugar a un traslado a una cárcel federal fue “cuando se inventó un supuesto intento de fuga” de la cárcel de Piñero, denuncia que fue desestimada por la fiscal de la Unidad de Violencia Institucional Karina Bartocci, aseguraron. Recordaron que en una cárcel federal Chamorro fue apuñalado por la espalda en cinco oportunidades: uno de esos puntazos le perforó el corazón y estuvo al borde de la muerte. Y señalaron como un daño colateral del traslado de Cartero a una cárcel del sur la muerte de su sobrina en un accidente automovilístico cuando iba a visitarlo.
Afirmaron que todas las veces que los trasladaron los derivaron a un buzón, por lo que tuvieron que presentar una y otra vez acciones para pasarlos a un pabellón. Hablaron de un hostigamiento constante y pedidos de traslado bajo el ropaje de cuestiones de seguridad y los recursos de sus defendidos para fugarse, y argumentaron la falta de situaciones que ameriten ese tipo de planteos. Pidieron que el juez mantenga el actual lugar de detención en las mismas condiciones en las que se encuentran actualmente.
Servicio Penitenciario
La directora de Relaciones Institucionales del SP, Lucía Masneri, explicó que el planteo no es arbitrario ni imprevisto. Que el traslado de los internos a una cárcel provincial fue transitorio, mientras se desarrollaba el juicio oral y público que ya terminó. “Son presos a disposición de la Justicia federal y deben estar en una cárcel federal”, aseguró. Explicó que Santa Fe tiene un convenio que autorizaba 50 presos federales en cárceles provinciales, número que se extendió primero a 100, “y actualmente hay 600 internos en esas condiciones y son la causa de la sobrepoblación y el hacinamiento”, aseguró.
Dijo que el alojamiento de los internos era provisorio y no implicaba prórroga a futuro. Opinó que como recluso Cantero “tiene conducta mala y Chamorro pésima”, y sólo hubo una pequeña adecuación al sistema carcelario durante el juicio. A lo que sumó la causa federal que pesa sobre ellos por delitos cometidos desde la cárcel, ante lo cual pidió el rechazo de la acción. Mientras que el fiscal Matías Edery afirmó que hay una orden de la Justicia federal y entiende que el habeas corpus debió presentarse ante la jurisdicción que dictó la resolución.
Los condenados
Cantero y Chamorro hablaron. Guille contó su derrotero por las distintas cárceles en las que estuvo y aseguró que en ninguna tuvo problemas con nadie. La referencia que hizo Masneri a su mala conducta tuvo que ver con una denuncia que presentó durante una visita de su familia que se realizó en un salón de usos múltiples, donde no tenían ni utensilios para comer y permaneció con su bebé en brazos durante horas porque no le dejaron ni llevar un colchón, dijo. Incluso explicó que Leandro Vilches, compañero de causa en la asociación ilícita, también está vinculado a una causa federal y no buscaron trasladarlo.
“A mí me firman el traslado y me firman la muerte” dijo Chamorro. Contó cómo lo apuñalaron en una cárcel federal. Dijo que tiene perforado el corazón y toma 7 medicamentos diferentes, anticonvulsivos, para la hipertensión y anticoagulantes. Afirmó que hay un ensañamiento con ellos y nombró a otros internos tildados de alto perfil que tienen causas en el fuero federal y no son trasladados. A modo de ejemplo citó a René Ungaro, Lautaro y Alan Funes (estos tres encausados por un caso de asociación ilícita en el provincial y bajo investigación por narcotráfico) y Arón Treves (condenado en el fuero federal y también en el provincial por homicidio).
Tras escucharlos el juez José Luis Suárez apoyó la postura fiscal y dijo que hay una resolución de la Justicia federal. Entendió que el recurso debió presentarse en esa jurisdicción. Explicó que el traslado fuera de Rosario no necesariamente es un agravamiento de las condiciones de detención. En este caso, ambos están procesados por la Justicia federal y hay una orden de alojamiento en una cárcel de dicho fuero, por lo que es una cuestión que no compete a este tribunal, detalló. Rechazó el habeas corpus, aunque suspendió por 5 días hábiles el traslado, para que la defensa ponga en conocimiento de la Justicia federal del planteo que realizó en la audiencia.
