«Evaluamos la situación y emitimos un comunicado reclamando también que las autoridades públicas pongan el mayor esfuerzo en proteger a los magistrados», dijo la ministra de la Corte María Angélica Gastaldi luego de los ataques a balazos a dos viviendas anoche en el macro y microcentro de Rosario, lugares donde hace un tiempo vivía el juez Ismael Manfrín.
«Por distintas circunstancias y a través del tiempo, en la ciudad hemos vivido situaciones difíciles en orden a este tipo de delitos que se están investigando. Creo que todos los magistrados son personas conscientes de su responsabilidad y función, son gente prudente. Sabemos que se asumen riesgos», dijo. Gastaldi entendió que estos ataques también pueden tener que ver con el avance que hizo la Justicia santafesina en materia de investigación y destacó la actitud facilitadora que tuvo el gobierno provincial en este punto. “Esto también es parte de este tipo de actos intimidatorios pero somos personas confiadas, creemos que si nos ponemos de acuerdo entre todas las autoridades públicas podemos aminorar el riego de actos como estos. Los jueces estamos preparados para resistir a muchas presiones, eso es lo más importante de un magistrado. Una persona que tiene que tener conciencia de su cargo y los deberes que impone», concluyó.
El comunicado
La Corte Suprema de Justicia expresa formalmente su más firme repudio respecto de los actos de violencia e intimidación que son de público conocimiento, perpetrados en domicilios de la ciudad de Rosario, y que iban indudablemente dirigidos a magistrados que recientemente han intervenido en causas penales de trascendencia pública.
Asimismo, el Máximo Tribunal provincial se solidariza con Ismael Manfrín, quien resulta particularmente afectado en el caso, y le ofrece todo su apoyo institucional a los fines de que pueda seguir desarrollando sus tareas con la independencia e imparcialidad que exigen el desempeño de los cargos jurisdiccionales.
Por último, y más allá de las prontas medidas desplegadas por el Poder Ejecutivo en orden a la protección de los magistrados y funcionarios relacionados con los hechos, la oportunidad es propicia para requerir que se mantengan dichas medidas y que se adopten todas aquellas que sean necesarias, a los fines de que los Tribunales -y, en general, la ciudadanía y todas las autoridades de la Provincia- puedan desarrollar sus respectivas actividades y funciones en el más adecuado marco institucional.
