El Senado aprobó este miércoles a la tarde por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que todos los ciudadanos mayores de edad serán donantes a menos que manifiesten su voluntad de no serlo.
En el marco del Día Nacional de la Donación de órganos, la llamada «Ley Justina», en homenaje a la niña de 12 años que falleció el año pasado por no recibir un trasplante de corazón a tiempo, fue aprobada con 68 votos y enviada a la Cámara baja para su sanción definitiva.
«A través de esta ley estamos avanzando en acciones directas y eficaces para procurar la agilización y simplificación de muchos de los conceptos que hoy tiene la regulación», afirmó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Mario Fiad (Cambiemos).
Fiad indicó además que «más allá de que tenía 58 firmas de senadores, el proyecto se enriqueció, se le ensamblaron cosas que faltaban como la donación renal cruzada, el implante de células y se pudo finalmente tener un dictamen de consenso».
Por su parte, el senador Juan Carlos Marino (Cambiemos) que presentó el proyecto impulsado por los padres de Justina Lo Cane, consideró que «esta es una ley que va a dar un cambio de paradigma» porque «Argentina se va a convertir en un país líder en América en lo que tiene que ver con la donación de órganos».
«Esto nace desde el dolor más profundo, que es perder una hija.
«Ella nos dejó una enseñanza, previendo el final, cuando le dijo a su «papá hagan lo que puedan por los demás». Los padres no se encerraron en el dolor y el luto, lo transformaron en esperanza, en solidaridad», sostuvo Marino.
El proyecto modifica la actual ley 24.193 de trasplante de órganos, de manera que toda persona mayor de 18 años será considerada como donante a menos que manifieste voluntad en contrario, lo que implica que tampoco serán los familiares de alguien fallecido los encargados de autorizar la donación.
«Podrá realizarse la ablación de órganos y/o tejidos a toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de oposición a que después de su muerte se realice la extracción de los mismos», señala el proyecto.
La iniciativa también impondrá la obligación a los profesionales médicos de notificar al Incucai los tratamientos de diálisis que le realicen a un paciente, o cuando le indiquen la realización de un trasplante.
También establece que para asegurar la calidad de todo lo relativo a donación y trasplante, se deberá destinar como mínimo un 20% de los recursos del Fondo Solidario de Trasplantes a capacitación.
